La Ciénaga, el caso más visible de corrupción y connivencia político-judicial

Hace un año, el 4 de octubre de 2022, Nuevo Diario, bajo el título “Mancha lamentable para la Justicia: tras 12 años, La Ciénaga sigue sin resolverse”, publicó una nota que comenzaba de esta manera: “En Argentina hay días especiales para toda profesión u oficio. Por extensión Salta también tiene lo suyo, aunque todavía no se ha institucionalizado el Día de la Impunidad o de la Injusticia; ese día tendría que ser el 4 de octubre”.

Para el desprevenido lector, este caso -en la "cama" de la Justicia, porque allí duerme- trata de un hecho a todas luces, ejemplo de corrupción y de una gravedad institucional tal que a la Justicia se la podría encuadrar en varias palabras: "servil, cómplice, injusta, connivente… etc". Para el autor de estas líneas, la que mejor le cabe es por definición, "connivencia", que es un "acuerdo o complicidad (COMPLICIDAD) entre dos o más personas", o desde el punto de vista de lo legal, es un delito "que se da cuando un cargo superior consiente la realización de hechos ilícitos de personas que se encuentren a su cargo". En este caso se sabe quién está a cargo de la propuesta del ilícito: el Poder político que “convence” a la Justicia de no avanzar con este tema.

Luego de 365 días, se podría aseverar que la situación sobre esta causa sigue inalterable, que nada ha cambiado y lo último que se sabe es que la Procuración General de la Provincia iba a pedir el desarchivo de la causa La Ciénaga contra el actual senador nacional Juan Carlos Romero.

Los acusados no fueron sobreseídos

Así lo había adelantado el 22 de agosto de 2.022, por Aries el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

El alto funcionario judicial señaló que la causa se encontraba en una situación "de indefinición que debe resolverse, dado que los acusados aún no fueron encontrados culpables, pero tampoco fueron sobreseídos", dijo en esa oportunidad. 

Recordó que en el año 2.018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica "atípica e inusual" dado que ese fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.

A todo ello se suma el hecho de que, cuando la causa llegó al juez Guillermo Pereyra, con competencia en transición, dispuso su archivo. Así, pese a que hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del exgobernador de la provincia, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.

Así las cosas, y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó "en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse".

"La causa está mandada a archivo por disposición del juez de transición. Lo que se está analizando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar, porque no es una causa que esté concluida", señaló García Castiella.

Además, consultado sobre las decisiones judiciales en torno a la causa y sus implicancias políticas, se limitó a decir: "No entiendo que haya que analizarlo desde el punto de vista de responsabilidades políticas. Esas decisiones, que fueron durante 2017, 2018, tuvieron la firma de 6 o 7 jueces. Puede ser opinable o no la forma en que han resuelto, pero las decisiones jurídicas no son materia de determinación de responsabilidades políticas".

"Todos los delitos de la Provincia se van a investigar como se está haciendo. Esto está en una situación de indefinición que amerita una respuesta del  Estado",  concluyó el Procurador.

Las palabras del Procurador pueden llevar cierto halo de esperanza de que de una vez por todas la Justicia prevalezca y se haga Justicia, en un caso que en 13 años de vida hoy se encuentra en fojas cero.

Lo que ganó la familia Romero

Nuevo Diario, convencido de que la mayoría de los salteños ya sabe con qué bueyes ara, en relación a la figura del "excelentísimo" senador nacional Juan Carlos Romero, no creyó conveniente volver a relatar toda la historia de este hurto -a la vista de todos- ya que lo hizo en el 12 aniversario de la causa, justo el 4 de octubre de 2022.

En esta oportunidad, el “diario chiquito” proyecta lo que ese predio vale, -verdes más, verdes menos- amén de perder la finalidad social para lo que estaba previsto (satisfacer la necesidad de vivienda de 4.000 familias sin techo), hoy arroja un monto para nada despreciable. Noventa hectáreas son 900.000 metros cuadrados: a razón de 80 dólares aproximados el m2 -por su potencialidad, aclaró el tasador-, según valuación de una de las inmobiliarias más importantes y antiguas de la ciudad que fue consultada en esta oportunidad, llega a la suma de U$S 72.000.000 (sí, setenta y dos millones de dólares) y traducidos a nuestra devaluada moneda nos brinda la bonita cifra de $57.600.000.000 (sí, cincuenta y siete mil seiscientos millones de pesos).

Desde el punto de vista inmobiliario y económico, es un ne-go-ción, porque lo que la familia Romero compró en noviembre de 2009, cuando un dólar cotizaba a $3,77, pagó U$S 26.525 o los ya conocidos $100.000. Se aclara que respecto al valor original al inicio de esta historia, La Ciénaga cotizaba a U$S 1.100.000.

La causa, en síntesis

La causa La Ciénaga trata acerca de cómo 90 hectáreas destinadas al Programa Familia Propietaria terminaron en el patrimonio de la familia del actual senador nacional Juan Carlos Romero, próximo a cumplir 73 años el 16 de noviembre y político desde hace 36 años.

La provincia adquirió en julio de 1998, a través del decreto 1.297 como parte de pago de la firma Import S.R.L. (propiedad de Néstor López, primo del entonces gobernador Juan Carlos Romero) por una deuda con el ex Banco Provincial de Salta, 90 hectáreas de la Finca La Ciénaga.

Ese decreto establecía que esas tierras serían destinadas al Programa Familia Propietaria. La operación se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta de esas tierras, valuadas en $1.100.000, en paridad con el dólar, es decir U$S 1.100.000.

De esta manera se incorporó al patrimonio de la provincia la fracción de 90 hectáreas que eran parte de la Finca La Ciénaga e Isasmendi, ubicada en Atocha del departamento Capital.

El decreto 1.297 dejaba establecido que el objetivo de la adquisición de esas tierras era destinarlas al Programa Familia Propietaria, cuya misión era ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos en donde vivir.

En 2004 los funcionarios del gobernador Juan Carlos Romero adquirieron 12 hectáreas a José Luis Agustoni, ubicadas al borde de las autopistas que conectan la ciudad Capital con la localidad de San Lorenzo. Por esas 12 hectáreas el gobierno provincial pagó $1.959.456 con un pago inicial y 26 cuotas hasta completar la suma de $1.499.456. Por el saldo restante -$460.000- la provincia le entregó a José Luis Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga. La operación quedó registrada el 16 de febrero de 2004.

En ese momento el dólar cotizaba a $2,91. Es decir que lo que compró la provincia a U$S 1.100.000 lo vendió a U$S 158.076 o $460.000.

Tan sólo cuatro meses después, José Luis Agustoni "vendió" las 90 hectáreas de La Ciénaga a María Cecilia Pérez de la Fuente, escribana que formaba parte del staff del estudio de escribanos de Víctor Manuel Brizuela.

La escribana actuó en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. quien pagó $100.000 el 4 de junio de 2004.

Cinco años después, Pérez de La Fuente, en representación de Prados de Atocha S.A., vendió el terreno a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad de la que participa Jucaro S.A., de propiedad de Juan Carlos Romero y su esposa Lucía del Carmen Marcuzzi.

Lo que sigue es historia conocida, que se detiene por inacción de la Justicia que desde hace un año estudia si desarchiva la causa.

Mientras tanto, la provincia asiste al acto de corrupción más notable y la connivencia entre el poder político y el poder judicial.

Conclusión

Como nada ha cambiado en los últimos 365 días, la conclusión y postura de Nuevo Diario tampoco cambió y reitera el cierre de esta nota con las mismas palabras de hace un año con estas palabras: "Basándose en el derecho a la información, y el derecho a la libre expresión, Nuevo Diario pone sobre el tapete esta información que seguramente no tendrá consecuencias para el principal sospechoso, simplemente por ser una persona con mucho poder y contactos suficientes como para ralentizar la causa, la cual, como una paradoja del destino, no prescribe mientras uno de los sospechosos sea funcionario público.

Y el senador lo es y quiere seguir siéndolo. Los fueros también cuentan…

NAG