Organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y referentes jurídicos advierten sobre la inconstitucionalidad y el carácter ideológico del despliegue militar que impulsa el Gobierno Nacional en provincias del norte argentino.
El Operativo “Julio Argentino Roca”, impulsado por el Ministerio de Defensa de la Nación, comenzó a desplegarse esta semana en la frontera norte del país, con la presencia de más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura. El anuncio, que contempla la instalación de 1.300 militares de forma permanente en zonas como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, generó una fuerte reacción de rechazo por parte de organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que este lunes convocan a una conferencia de prensa en el Bar Tribunales de Salta Capital para denunciar la “militarización ilegal” de la frontera.
El operativo se presenta como una continuidad del Plan Güemes, con el argumento de combatir el narcotráfico y las redes de trata. Sin embargo, las críticas apuntan a que se trata de una maniobra de corte ideológico para reinstalar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior, lo que contradice el marco constitucional argentino y la legislación vigente desde el regreso de la democracia.
“Un paso más hacia la militarización de la seguridad interior”
El Doctor Manuel Truffaut, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dialogó con el periodista Héctor Alí para FM Pacífico sobre la gravedad del operativo. En esa línea alertó que el decreto que habilita al Ejército a realizar aprehensiones en casos de flagrancia (Decreto 1112/24), lo cual representa un quiebre legal e institucional. “Es una decisión puramente ideológica del gobierno de Javier Milei, que busca reinstalar a los militares en tareas de seguridad interna, algo que la democracia argentina había logrado revertir tras años de dictadura”, subrayó.
El director del CELS también cuestionó la falta de transparencia: “No hay diagnóstico ni información pública que justifique el despliegue. Las reglas de intervención son secretas. Se habla de amenazas como una supuesta conexión entre Irán y Bolivia, pero sin pruebas ni fundamentos concretos”. Según explicó Truffaut, el gobierno nacional ya había intentado modificar leyes y emitido decretos para ampliar el accionar militar en asuntos internos. Este nuevo operativo se inscribe en esa línea y, según él, no está respaldado por ningún diagnóstico serio ni justificación concreta. “No sabemos por qué se despliegan tropas, qué tareas específicas van a cumplir, ni cuál es el supuesto peligro que enfrentamos. Todo es opaco y eso es gravísimo”, subrayó.
Para Truffaut, existen dos niveles de riesgo con la implementación del operativo. El primero, inmediato, es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de seguridad ciudadana, como detener personas, realizar requisas o aplicar un uso gradual de la fuerza. “Están formadas para aniquilar enemigos, no para proteger a ciudadanos. La policía, aunque con muchos problemas, está preparada para otra lógica. Esto puede derivar en abusos graves”, alertó. El segundo nivel, más estructural, es el peligro de una militarización progresiva del sistema político. “La democracia argentina había logrado confinar a los militares a sus funciones específicas. Hoy, se los vuelve a colocar como actores centrales en temas muy sensibles, como la seguridad. Esto puede derivar en presiones políticas, como sucede en otros países donde los militares ganan poder sin haber sido elegidos por nadie”.
“Es una provocación más en línea con la ideología del gobierno”, concluyó Truffaut en relación al nombre del operativo. Y agregó: “No es una solución concreta a un problema real. Es una excusa para legitimar el avance militar en asuntos civiles”.
Recuerdo de Mosconi y una historia de represión
Desde los organismos de Derechos Humanos trazaron paralelismos con lo ocurrido en 2001, cuando la Gendarmería fue utilizada para reprimir la protesta social en Tartagal y Mosconi. “En aquel entonces encarcelaron a docentes, trabajadores de YPF y asesinaron a cinco trabajadores del movimiento piquetero. Hoy volvemos a ver cómo se habilita a las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo en nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico”, señalaron desde la convocatoria.
También recordaron los recientes asesinatos de Fernando Gómez en Salta e Iván Torres en Jujuy, ambos a manos de fuerzas de seguridad, como una muestra de la impunidad que el gobierno actual otorga a las fuerzas represivas.
“La justificación es la lucha contra el narcotráfico y las redes de trata. Este propósito es una estafa al pueblo porque el nivel de entrelazamiento del narcotráfico con policías, jueces, gendarmes e intendentes es abrumador”, señalaron desde estos sectores y aseveraron: “Los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y sin embargo; el narcotráfico y la trata no han cesado de crecer”
Denunciaron en esa línea que el decreto presidencial 1112/24, “es totalmente ilegal porque viola leyes taxativas como la ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior que sólo habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos en caso de conmoción interior y con el dictado de un decreto de Estado de Sitio autorizado por el Congreso. Y que esta norma es violatoria del Dto. 727/2006 que limitaba expresamente su accionar a agresiones externas perpetradas por otros estados”. Además, alertaron que “bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, lo que se pretende es profundizar la represión y el control social en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo”, al tiempo que denunciaron que este marco “abre la puerta para la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la Argentina”. Es así como habilitaron una conferencia de prensa para dar detalles de esta denuncia, este lunes a partir de las 10 en el Bar Tribunales frente a la Legislatura salteña
David Leiva: “El objetivo es el disciplinamiento social”
El abogado y referente de derechos humanos David Leiva también se expresó en sus redes sociales en duros términos contra el operativo. “Esto no tiene nada que ver con combatir el narcotráfico. Lo que buscan es intimidar y controlar a las comunidades del norte, particularmente a los sectores más empobrecidos y organizados”, afirmó.
Leiva sostuvo que “el gobierno de Milei está reinstalando una doctrina de seguridad que no sólo es antidemocrática, sino que pone en peligro la vida de las personas”. También apuntó contra el gobernador salteño: “Su silencio o complicidad lo convierte en corresponsable de esta militarización inconstitucional”.
Los puntos más polémicos del “Plan Roca”
El Decreto 1112/24 que habilita el Operativo Roca contiene artículos y disposiciones que han sido cuestionados por juristas y organismos por contradecir principios fundamentales del Estado de Derecho:
Aprehensión en flagrancia por militares: Autoriza a las Fuerzas Armadas a detener personas sin orden judicial, algo reservado a las fuerzas policiales en casos excepcionales.
Uso de armamento militar en tareas de seguridad: Se prevé el uso de equipamiento militar en situaciones que pueden involucrar a población civil.
Secretismo de reglas de actuación: Las reglas de intervención no fueron publicadas ni comunicadas, lo que impide su control legal y ciudadano.
Despliegue permanente en territorio nacional: Se instalarán tropas de forma continua en zonas habitadas, lo que recuerda prácticas de control territorial más propias de regímenes autoritarios.
Reivindicación simbólica del genocidio: El nombre del operativo (en homenaje a Julio Argentino Roca, impulsor de la Campaña del Desierto) fue interpretado como una provocación y una reivindicación/apología del genocidio indígena.