Denuncian a empleada de la Biblioteca por gestión paralela en un colegio profesional
Fuentes reservadas expusieron ante Nuevo Diario que una empleada de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza estaría utilizando recursos del Estado para cumplir con su rol paralelo de presidenta de una entidad de colegiación profesional, atendiendo asuntos vinculados a los psicopedagogos durante su horario laboral en la biblioteca.
Según expresaron trabajadores de la institución —quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias—, la funcionaria destina parte de su jornada laboral a atender asuntos relacionados con el Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta, del cual es presidenta.
La situación se agrava, explican, porque si bien el colegio cuenta con una sede propia, gran parte de sus actividades operativas se llevarían a cabo dentro de la biblioteca pública, lo que interfiere con las tareas institucionales y genera malestar entre los empleados.
Si bien no hay denuncias formales, la inquietud persiste en el personal, pues consideran que esto contradice los principios básicos de la administración pública, como el cumplimiento efectivo del horario laboral y la separación entre funciones privadas y responsabilidades estatales.
Además, señalaron que, en viajes al interior provincial, con viáticos pagados por el Estado, la empleada habría impartido distintos cursos para psicopedagogos, entre ellos, uno en la ciudad de Tartagal y otro en Orán.
Desde los organismos pertinentes aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre la situación. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que se evaluaría una posible revisión de las funciones en cumplimiento de los reglamentos administrativos.
Situación del Colegio
Por otro lado, se conoció que la comisión directiva actual, presidida por Viviana Vacherand Solá, presentó su renuncia en medio de desacuerdos institucionales.
Según trascendió, la presidenta tomaba decisiones de manera unilateral, sin el acompañamiento de los integrantes de la comisión electa.
Además, al asumir en 2023, fijó una retribución económica para su cargo, algo que no había sido implementado por gestiones anteriores. Si bien la ley que regula el ejercicio profesional de los psicopedagogos no lo prohíbe, la medida fue cuestionada por su carácter éticamente controvertido.