La desinformación desde Nación como castigo a los discapacitados
La creciente demanda de atención, información y asistencia para dar respuesta al sistema de auditorías de pensiones por discapacidad en Salta ha encendido las alarmas entre familias que esperan definiciones urgentes.
En diálogo con Nuevo Diario, decenas de personas manifestaron su preocupación por la desinformación generalizada, la falta de respuestas oficiales y la parálisis de gestiones que, de no resolverse pronto, podrían derivar en un colapso administrativo.
Uno de los principales focos de malestar apunta a la Secretaría de Discapacidad de la Provincia, que permanece prácticamente ausente del proceso. Su titular, Fabiana Ávila, se encuentra inubicable según señalaron los denunciantes, y no se hallaría en la provincia. Del mismo modo, este medio intentó infructuosamente poder comunicarse con la funcionaria provincial.
La imposibilidad de contactarla agrava el malestar, en un contexto donde cada día cuenta para quienes dependen de estos beneficios sociales para afrontar gastos básicos de salud y cuidado, y que expresan su malestar por lo que describen como “falta de interés”.
Desde la Municipalidad de Salta Capital, en tanto, la respuesta fue escueta y sin mayores precisiones, lo que incrementa la angustia entre quienes diariamente se acercan para realizar consultas y trámites. “Estamos camino a un desborde total”, advirtieron las familias que, si bien reconocieron la voluntad del personal municipal de dar respuesta, el caudal de consultas y reclamos ha sobrepasado largamente la capacidad estructural y operativa.
En este clima de incertidumbre, comenzó a circular el rumor de una supuesta suspensión de las auditorías, lo cual fue rápidamente desmentido por fuentes oficiales. No obstante, el rumor y la desinformación se regó por todos los estratos. Lo que sí se derogó fue el baremo de discapacidad implementado en enero de 2025, a través de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este instrumento técnico, duramente cuestionado desde su puesta en marcha, había sido parte de la polémica Resolución 187/2025, que impuso categorizaciones totalmente discriminativas.
El baremo fue finalmente anulado tras detectarse múltiples fallas en los criterios de evaluación, que no se ajustaban a estándares internacionales y podían derivar en exclusiones injustificadas. Organismos especializados, referentes del ámbito de la salud y sectores sociales advirtieron que se trataba de una herramienta “arbitraria y excluyente”, que tenía como único objetivo el recorte de beneficios y derechos a los sectores más vulnerables.
“No hay que mentirle a la gente. Hay que mostrar que las posibilidades existen, pero están atravesadas por una burocracia lenta y perversa”, señalaron a Nuevo Diario familias que actualmente viven en un estado de total incertidumbre. Mientras tanto, la espera continúa sin respuestas claras ni presencia estatal efectiva. La falta de canales oficiales de información, la ausencia de la Secretaría Provincial de Discapacidad y el silencio del Ejecutivo municipal dejan a cientos de salteños y salteñas sin saber cómo ni cuándo podrán acceder a auditorías, renovar sus certificados o tramitar pensiones vitales para su subsistencia.