Advierten que desde 2018 a la fecha, la Canasta Menstrual aumentó un 6000%
Mientras los hogares argentinos enfrentan una inflación persistente y un ajuste que impacta directamente en los sectores más vulnerables, el informe presentado recientemente por la concejala Malvina Gareca sobre la Canasta Básica Menstrual (CBM) revela una realidad insoslayable: menstruar cuesta, y cada vez más.
Según el relevamiento, el costo de la CBM aumentó un 6.383% desde 2018 y en 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona menstruante. En un hogar con más de una persona menstruante, el gasto se duplica, equiparándose al costo de servicios esenciales como la energía eléctrica o la alimentación. Este dato, de por sí alarmante, se vuelve aún más grave en un contexto en el que el Gobierno Nacional decidió eliminar 13 programas vinculados a género y diversidad, entre ellos, el Programa Nacional “MenstruAR”, que promovía el acceso gratuito a productos de gestión menstrual sustentables como la copa menstrual.
“La eliminación de estos programas no sólo revela un desconocimiento de la temática, sino un profundo resentimiento hacia las mujeres y el colectivo LGBTQ+”, denunció Gareca en diálogo con Nuevo Diario. El programa MenstruAR tenía una mirada integral: además de distribuir insumos como copas menstruales, contribuía a reducir la carga económica de la menstruación y apostaba por una transición hacia productos reutilizables, con un impacto ambiental positivo.
“La copa menstrual dura hasta diez años. Eso significa un ahorro inmenso para quienes la usan, y además evita toneladas de residuos contaminantes que producen las toallas descartables y tampones”, explicó la edila. Con el cierre del programa, miles de personas quedan nuevamente libradas a un mercado de precios en alza y sin contención estatal.
La Canasta Básica Menstrual, compuesta por productos como toallitas, tampones, protectores diarios e ibuprofeno, representa en 2025 cerca del 10% del valor de la Canasta Básica Alimentaria. Esta cifra es significativa y da cuenta de cómo una necesidad fisiológica básica puede convertirse en un factor de exclusión social. Según informes de UNICEF y la Defensoría del Pueblo, entre el 10% y el 47% de las personas menstruantes han dejado de asistir a la escuela, al trabajo o a actividades sociales por no contar con productos adecuados.
En este marco, resulta imprescindible sostener y profundizar políticas públicas que garanticen el acceso gratuito a estos productos, especialmente en contextos de vulnerabilidad. “Menstruar no debe ser un privilegio. La gestión menstrual debe ser reconocida como un derecho que garantice equidad, salud y dignidad”, concluye el informe presentado por Gareca.
La eliminación de programas como MenstruAR, lejos de resolver un problema presupuestario, atenta contra una política de derechos. En tiempos donde el ajuste se ensaña con los sectores históricamente postergados, el Estado no puede abandonar su rol de garante de igualdad. Promover la salud menstrual, reducir la carga económica sobre los cuerpos menstruantes y fomentar alternativas sustentables no son gastos: son decisiones en procura de una sociedad más justa y con igualdad en acceso a derechos fundamentales.