Ganancias: el Gobierno activó el nuevo régimen y busca respaldo legislativo y provincial
El Gobierno puso en marcha el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y prevé enviar esta semana al Congreso un proyecto de ley para consolidar por norma los cambios fiscales anunciados días atrás.
ARCA habilitó el domingo el sistema de adhesión para los contribuyentes, mientras en la Casa Rosada esperan sumar más gobernadores al acuerdo que limita controles cruzados.
Catamarca y Tucumán fueron las primeras en adherir. Este lunes se sumarían Entre Ríos y Chubut. El Ejecutivo busca ampliar el respaldo político a un sistema que flexibiliza las obligaciones informativas de los contribuyentes y redefine parámetros clave de la fiscalización.
Adhesión de provincias y reducción de controles
Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), ambos peronistas con buen diálogo con el oficialismo, firmaron el compromiso la semana pasada. Ahora se espera que hagan lo mismo los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). El acuerdo implica que las provincias no implementen nuevos regímenes de control fiscal mientras el Gobierno nacional suaviza los existentes.
El régimen comenzó a operar este domingo, aunque regirá para las declaraciones juradas del período fiscal 2025, que se presentarán en 2026. Uno de los principales cambios es que los contribuyentes no deberán informar su patrimonio ni calcular su consumo anual, lo que reduce la carga administrativa pero también limita los mecanismos automáticos de control.
Reforma legal: menos prescripción y mayor umbral de evasión
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviaría esta semana al Congreso contempla cambios en la Ley Penal Tributaria y en el procedimiento fiscal. Entre otras modificaciones, eleva el piso a partir del cual se considera delito la evasión simple: hoy es de $1,5 millones (unos 15.000 dólares) y se actualizaría por inflación, lo que llevaría el monto a alrededor de $100 millones. Además, el plazo de prescripción del delito se reduciría de cinco a dos años.
El objetivo es alinear estos nuevos criterios con el esquema simplificado ya operativo, y a la vez garantizar la vigencia del régimen frente a eventuales cambios políticos. Para ello, el Gobierno busca blindar la reforma con una ley que sume apoyo de las provincias y de bloques dialoguistas en ambas cámaras.
Presión sobre las provincias: sin adhesión, sin datos
ARCA ya advirtió que las provincias que no adhieran perderán el acceso a datos fiscales que hoy reciben desde Nación. “No podrán consultar información de facturación de personas o empresas ni consumos por encima de los $50 millones”, detallaron desde el organismo. El Gobierno considera clave este respaldo para avanzar en su plan de blanqueo de activos fuera del sistema financiero.
La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son dos distritos donde el Gobierno aún busca apoyo. La semana pasada, el titular de ARCA, Juan Pazo, se reunió con Gustavo Arengo (ministro de Hacienda porteño), Pablo López (ministro bonaerense) y Cristian Girard (titular de ARBA).
En la Ciudad la recepción fue positiva, pero se propuso abrir una mesa técnica para discutir detalles. “Queremos analizar el contenido del convenio antes de avanzar”, dijo Arengo. En cambio, en Provincia hubo mayor cautela. Los funcionarios bonaerenses plantearon que ya tienen un acuerdo de intercambio de información con AFIP, y que cualquier cambio debería incluir una adenda específica.
El Gobierno apuesta a cerrar esos respaldos esta semana para que el proyecto de ley tenga mejor recepción parlamentaria. Mientras tanto, continúa el avance administrativo del nuevo régimen, que forma parte del plan oficial para reducir el peso del control fiscal, promover la formalización voluntaria de ahorros y consolidar el equilibrio fiscal.
Fuente: Infobae