Bullrich habilita a la PFA a hacer ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial
El Gobierno nacional oficializó este martes la Resolución 383/2025 que otorga nuevas atribuciones a la Policía Federal Argentina (PFA), entre ellas la posibilidad de realizar ciberpatrullajes en redes sociales y requisas personales sin necesidad de una orden judicial.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, generó fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en seguridad, juristas y organismos de derechos humanos.
Ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial
La normativa habilita a la PFA a desarrollar tareas de prevención en “espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web abiertos— sin autorización previa de la Justicia. Según el decreto, las intervenciones deberán respetar los derechos fundamentales, aunque distintos sectores advierten que la falta de controles judiciales representa un riesgo para la libertad de expresión y la privacidad.
Además, la resolución permite realizar requisas personales y de vehículos en la vía pública o en lugares de acceso público, si existen “circunstancias objetivas” que permitan presumir la existencia de elementos vinculados a un delito. También se contemplan situaciones en las que no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic calificó esta medida como “una arbitrariedad pura” y advirtió sobre los peligros de habilitar estas prácticas sin control judicial. “Este decreto le otorga al Ministerio de Seguridad facultades excesivas. Se abre la puerta a una persecución sin límites ni garantías”, sostuvo.
Reformas estructurales y nuevo enfoque operativo
El decreto forma parte de una reforma integral de la Policía Federal, que incluye modificaciones en el sistema de ingreso y escalafones, con el objetivo de profesionalizar la fuerza bajo parámetros similares a los del FBI. El nuevo enfoque privilegia la investigación criminal, el análisis de inteligencia y la actuación frente a delitos federales complejos, dejando atrás su antiguo rol territorial.
Entre las novedades, se establece un cupo máximo anual para el ingreso de suboficiales, que deberá reducirse progresivamente. Quienes ya estén en la fuerza podrían ser promovidos al escalafón de oficiales si cumplen con los requisitos académicos o de experiencia.
La misión principal de la PFA será ahora la prevención, detección e investigación de delitos federales, incluyendo la lucha contra el crimen organizado. La fuerza podrá actuar de forma “espontánea” ante delitos flagrantes, siempre a requerimiento del Ministerio de Seguridad.
Críticas desde organismos de derechos humanos
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) advirtió que se trata de un “ciberpatrullaje recargado” y denunció que este tipo de prácticas ya se utilizaron en el pasado para perseguir a personas por sus opiniones políticas. La abogada María del Carmen Verdú recordó el caso de Nicolás Lucero, un joven demorado en 2016 por publicar en Twitter una consigna crítica hacia el entonces presidente Mauricio Macri. “Esto representa un verdadero cambio de régimen y un retroceso en libertades democráticas”, afirmó.
El decreto también permite demorar hasta diez horas a una persona que no pueda acreditar su identidad y que sea sospechada de haber cometido o estar por cometer un delito, aunque sin orden de detención. Para Verdú, esta disposición abre la puerta a detenciones arbitrarias en el marco de protestas sociales o actividades políticas. “El Ministerio de Seguridad podría ordenar a la Federal que actúe en marchas o espacios partidarios sin intervención judicial. Eso no tiene precedentes democráticos”, advirtió.
Sin debate parlamentario y con discrecionalidad
Otro punto cuestionado es que toda la reforma se hizo vía decreto, sin pasar por el Congreso. Para Sabina Frederic, el texto mezcla los conceptos de “inteligencia criminal” e “investigación criminal” sin especificar los métodos habilitados ni los límites operativos. “Es un decreto pobre, redactado con ambigüedad, que deja todo en manos de la discrecionalidad del Ministerio de Seguridad”, señaló.
Desde el entorno policial también habría malestar. Según fuentes citadas por Frederic, dentro de la fuerza existen objeciones por la falta de debate interno, además de un creciente descontento por condiciones salariales y laborales.
Con esta resolución, el Gobierno busca transformar el perfil de la PFA, alineándola con modelos extranjeros y orientándola al combate del crimen organizado. Sin embargo, la falta de controles judiciales y la amplitud de las nuevas atribuciones generan preocupación por el posible debilitamiento de las garantías constitucionales y los derechos civiles.
Fuente: Página 12