Congreso de Brasil frena transacciones internacionales y aumento del IOF al extranjero

Diputados y senadores acordaron revertir el alza impositiva sobre transacciones internacionales decretada por Lula en mayo. Este revés obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia fiscal y buscar alternativas para fortalecer las arcas públicas sin perjudicar a los programas sociales.
El Congreso de Brasil, después de intensos debates, aplastó por amplia mayoría la intención del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de subir el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) aplicable a tarjetas de crédito en el exterior, envío de remesas, préstamos empresariales y otras transacciones internacionales. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron en forma consecutiva para anular tres decretos firmados en mayo, dando así un duro golpe a las aspiraciones de recaudación del Ejecutivo.
Asimismo, durante la discusión, el diputado Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), advirtió de que la derogación podría traducirse en “una restricción de los programas sociales perjudicando a los más pobres”. En contraste, el líder de la bancada del Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, acusó al Gobierno de actuar con “fines exclusivamente recaudatorios” y calificó su gestión de “incompetente”.
Además, la anulación representa un duro golpe para la estrategia fiscal del Ejecutivo, que esperaba recaudar unos 12.000 millones de reales (aproximadamente 2. 100 millones de dólares) solo este año, y casi 61. 500 millones hasta 2026. El Gobierno había prometido ajustar los decretos reduciendo tasas y excluyendo ciertos rubros. Pese a ello, el Congreso decidió restablecer el status legal anterior .
Este episodio deja en evidencia la falta de respaldo legislativo del presidente Lula, cuya coalición débil ha quedado nuevamente expuesta. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró que ahora será necesario renegociar recortes presupuestarios adicionales y contemplar un posible recurso ante la Corte Suprema para revalidar el decreto.
En términos prácticos, esta derrota implica que el Gobierno deberá buscar otras vías para alcanzar la meta de equilibrio de las finanzas públicas, sin sacrificar la inversión social. La negativa legislativa también impacta en los cronogramas conocidos como “enmiendas parlamentarias”, y complica la toma de decisiones de los alcaldes que aguardan esos fondos para obras locales.
Fuente: Infobae