La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF al fondo buitre beneficiario del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012.
La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña. Y la segunda fue un tuit de Javier Milei, que apuntó contra Axel Kicillof.
La noticia fue difundida ayer lunes 30 de junio por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X.
Lo primero que vale aclarar es que YPF no forma parte del juicio, ni del proceso judicial, sino que es uno de los “botines” del pleito entre privados y el Estado nacional. Es la moneda de cobro más a mano, ya que otras fueron desechadas. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales. El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hoy a cargo de Santiago María Castro Videla.
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Axel Kicillof era ministro de Economía.
Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012 y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante y quienes están detrás.
El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del 2023 en que la jueza de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de YPF en 2012.
El monto fue fijado en una segunda sentencia meses después.
La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.
Además, el fondo buitre alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.