Lorenzetti participó en Salta por los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial
El juez de la Corte Suprema de Nación, Ricardo Lorenzetti ha tenido una participación relevante en la discusión y la implementación del sistema acusatorio en Argentina; en ese marco, la Corte de Justicia de Salta, en acuerdo extraordinario, lo recibió en la jornada de ayer.
Lorenzetti llegó a Salta para participar de las Jornadas “10 años de vigencia del Código Civil y Comercial Argentino. Nuevas perspectivas”, que organiza la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formó parte, como presidente, de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación que fuera creada por Decreto 191/2011.
El nuevo Código está vigente por Ley 26.994.
El acuerdo extraordinario de la Corte de Justicia fue encabezado por la presidenta Teresa Ovejero, acompañada por el vicepresidente Fabián Vittar, la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo y las juezas de Corte María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y los jueces de Corte Guillermo Catalano y Ernesto Samsón.
Reforma
Su visión, a menudo expresada en votos y declaraciones, enfatiza la necesidad de una reforma profunda del sistema penal para hacerlo más eficiente y garantizar el respeto a las garantías individuales. Lorenzetti ha abogado por un sistema acusatorio con litigación adversarial, donde las partes (fiscal, defensa, víctima) tengan igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas, y un juez imparcial tome las decisiones. De acuerdo a lo que se conoce, el ministro de Corte sostiene que el sistema penal argentino, especialmente en el ámbito federal, se encuentra “a medio camino” entre un sistema inquisitivo y uno acusatorio, lo que genera ineficiencia y vulnera garantías. Defendiendo el principio acusatorio como un pilar fundamental del proceso penal, destacando su importancia para asegurar la defensa en juicio del justiciable y la necesidad de una acusación formal para iniciar un proceso. Esto dando la importancia a un juez independiente e imparcial en el sistema acusatorio, que no solo resuelva el caso, sino que también controle el cumplimiento de las garantías constitucionales durante el proceso.
Habiéndose reconocido que la implementación del sistema acusatorio requiere de una reforma legislativa y una capacitación adecuada de los operadores judiciales.
Donde la necesidad de una política de Estado para asegurar una transición exitosa, la remarcó como principal.