Víctima de trata laboral recibió una reparación de más de $3 millones
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pago por parte de dos imputados de trata laboral de una suma de $3.360.000 en favor de un trabajador rural, en el marco de un acuerdo de conciliación que prescindió de la acción penal.
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La reparación integral fue cancelada el 14 de noviembre pasado y constituyó el final de un trabajo mancomunado entre el fiscal general Eduardo Villalba, la defensa de los imputados, la Defensoría Pública de Víctimas, a cargo de Nicolás Escandar, y otros organismos estatales, como los ministerios de Trabajo nacional y provincial.
El acuerdo conciliatorio fue homologado el 9 de noviembre. Tuvo su origen en una investigación formalizada por la fiscalía el 17 de marzo pasado contra el propietario de una finca -dedicada a la curtiembre- ubicada en la localidad de Apolinario Saravia, en el sur provincial, y su hijo.
El fiscal informó que las actuaciones se iniciaron por un llamado recibido el 24 de febrero pasado en el número gratuito 0800 999 3368, implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para denunciar trabajo no formal, explotación infantil y servidumbre.
A raíz de ello y como resultado de una inspección y un allanamiento realizados a los pocos días en la finca del acusado, en Apolinario Saravia, se pudo establecer que la víctima era un trabajador de curtiembre, que había sido contratado por el imputado el 25 de junio del año pasado.
El empleado, que no estaba formalmente contratado, informó que a su ingreso había acordado una remuneración de 50 mil pesos mensuales y que se le brindaría una vivienda para su alojamiento y el de su familia, que está compuesta por su pareja y dos hijos menores de edad.
El fiscal expuso en la audiencia de imputación inicial que “al llegar a la finca, sin embargo, se dio con un lugar abandonado, sin cocina ni baño, en condiciones muy precarias”.
Nunca cobró todo el sueldo
La víctima señaló que nunca llegó a cobrar en su totalidad la suma pactada en concepto de sueldo, debido a descuentos que le eran aplicados por la provisión de mercadería en un local comercial propiedad del acusado.
Ante este panorama, y con asistencia de personal especializado de la AFIP, de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia, y de la licenciada Laura López Ahanduni, del Polo Integral de la Mujer -organismo provincial dedicado a la asistencia de víctimas de trata-, la fiscalía llevó adelante tareas para reunir pruebas y asistir al trabajador y a su familia.
La finca luego fue allanada -con la colaboración de la División de Trata de la Policía de Salta- y “se constataron condiciones perversas incompatibles con la dignidad humana; el lugar no tenía ni siquiera las comodidades mínimas para la vida. Los niños tenían erupciones en la piel, propias de la situación de insalubridad en la que vivían”, indicó el fiscal.