Milei desmiente despidos de 10 mil docentes a raíz de denuncias por el CIN
Capital Humano salió al cruce del Consejo Interuniversitario Nacional para aclarar que no hubo renuncias masivas y que el sistema mantiene crecimiento en cargos.
A raíz de la alerta emitida por el Consejo Interuniversitario Nacional sobre una supuesta renuncia de diez mil profesores, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado oficial para desmentir categóricamente esa versión y ofrecer datos concretos sobre la situación del sistema universitario nacional.
Según la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, los registros del sistema de la seguridad social, mediante los registros CUIL, muestran que no se han registrado bajas masivas ni renuncias en ese nivel, lo que descarta que se haya producido una amenaza de esa magnitud.
Además, subrayaron que si efectivamente se hubieran desvinculado diez mil profesionales, las universidades deberían haber devuelto al Tesoro alrededor de 250.000 millones de pesos correspondientes a masa salarial no utilizada, lo cual no ocurrió en ningún caso.
El ministerio se apoyó en cifras oficiales: en 2023, Argentina contó con una planta de 220.660 personas en universidades nacionales, con un costo promedio anual de más de cinco millones de pesos por docente, en un esquema financiado por el Tesoro.
De manera comparativa, los datos del sistema reflejan un crecimiento en las plantillas: los cargos totales pasaron de 196.060 en octubre de 2023 a 198.988 en mayo de 2025, y los cargos financiados por el Tesoro aumentaron de 193.927 a 196.533 en el mismo período.
Si bien el Gobierno descartó las renuncias colectivas, el inconveniente de fondo sigue pendiente: asegurar partidas suficientes para garantizar salarios, becas y funcionamiento institucional. En los últimos meses, se multiplicaron los reclamos estatales y legislativos por una ley especial de financiamiento, impulsada por la oposición y por distintos actores universitarios.
Desde el oficialismo, en tanto, se reivindica la transparencia del sistema de datos y se llama a evitar la circulación de información que, según advierten, podría inducir a error o provocar alarma infundada en la comunidad académica y la sociedad.
Fuente: Infobae