Comienza en agosto el juicio por narcotráfico en la cárcel, de miembros del servicio penitenciario
El próximo 4 de agosto dará inicio un juicio en el que se investiga a una supuesta red narcocriminal integrada por funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares de reclusos.
En total, hay 20 imputados y se prevé la declaración de 180 testigos.
El tribunal estará presidido por el juez Federico Diez, de la Sala VII del Tribunal de Juicio, junto a los jueces Paola Marocco y Javier Aranibar.
Por el Ministerio Público actuará una Unidad Fiscal compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
La causa
La investigación se inició en mayo del año pasado, cuando denuncias anónimas entre 2021 y 2023 alertaban sobre el cobro de sobornos por parte del personal penitenciario a cambio de beneficios carcelarios y del ingreso de elementos prohibidos, como celulares y drogas al penal.
Entre los imputados figuran ocho agentes penitenciarios: Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Rubén Guaymás, Luis Castaño, José Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García.
A ellos se los acusa de exacciones ilegales agravadas, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes agravada, en concurso real.
Los otros implicados serán juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
Modus operandi
La causa detalla que estos funcionarios exigían dinero o dádivas a los internos para acceder a beneficios como salidas transitorias, cambios de pabellón o mejoras en su calificación, además de permitir el ingreso de celulares, comidas, bebidas y drogas.
Se analizaron más de 50 cuentas bancarias y se detectaron más de 1.000 transferencias, presuntamente realizadas por familiares de los presos. Las transiciones mencionadas se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.
También se intervinieron 20 líneas telefónicas y se recogieron 90 declaraciones testimoniales.
Según la Fiscalía, la red contaba con tres ejes operativos: el ingreso y distribución de drogas dentro del penal, la gestión del dinero desde afuera y el rol clave de los funcionarios, que, con su complicidad o silencio, permitían el funcionamiento de la organización.
El juicio puede alcanzar altos niveles de expectativa por el número de involucrados. Además, este caso puso bajo la lupa la corrupción institucional dentro del sistema penitenciario y el alcance del narcotráfico en contextos de encierro.