Amador no va al Tribunal de Cuentas y en su lugar asumiría Federico Ríos
El pliego enviado por la intendenta Bettina Romero para designar a su tío como vocal del Tribunal de Cuentas fue mandado al archivo. La figura de Ríos habría sido consensuada con la nueva gestión aunque no tomó estado parlamentario.
El Concejo Deliberante terminó por tirar abajo la intención que tuvo la gestión saliente de la Municipalidad de Salta de designar a Daniel Amador como un nuevo vocal del Tribunal de Cuentas.
Según pudo saber este medio, la figura de Federico Ríos tomó relevancia y tendría el acuerdo de la nueva gestión para ser quien ocupe el lugar vacante en el Tribunal tras la renuncia de Julio Moreno.
Ríos se desempeñó como Coordinador de Relaciones Internacionales del Gobierno de Salta y también fue apoderado judicial de la Municipalidad.
El nuevo pliego termina por tirar abajo una de las últimas jugadas políticas que se tejieron desde la gestión oficialista saliente en el marco de la transición municipal.
La Comisión de Legislación General del cuerpo mando a archivar el pliego enviado por la intendenta Bettina Romero que buscaba colocar a otro ex funcionario en el órgano de control municipal.
Previo a la postulación de Amador, el romerismo había logrado acordar con el oficialismo provincial la llegada de Benjamín Cruz al Tribunal, habiendo ocupado este último el cargo de secretario de Gobierno de la Municipalidad.
La polémica con Amador surgió a raíz del lugar que ocupó en la gestión de Romero, siendo el secretario de Hacienda y encargado de la administración de partidas municipales.
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, anticipó en dialogo con Nuevo Diario la dificultad que habría si Amador ocupaba el cargo de vocal. "Debería abstenerse en la mayoría de los casos de análisis", indicó en su momento el titular del cuerpo de ediles.
La afirmación de Madile se debe al rol que Amador -tío de la intendenta- ocupó en el municipio. Siendo funcionario del área contable, tomó participación en la mayoría de expedientes que el Tribunal tendría que analizar.
Además, el hecho se complejiza ante la posibilidad de denuncias judiciales que algunos concejales adelantaron por el manejo de recursos, en especial de la obra pública, durante el último tramo de la gestión de Romero.