Reorganizan la Procuración del Tesoro disolviendo la Escuela de Abogados
El Ejecutivo nacional impulsa un ajuste que incluye el despido de más de 60 empleados, transforma el organismo, elimina su escuela de abogados y transfiere funciones formativas al nuevo CEFAP.
La Procuración del Tesoro de la Nación funciona bajo una nueva arquitectura organizativa que unifica y redefine roles, según el Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial. Dicho decreto establece un sistema de primer y segundo nivel operativo, con una jerarquía más clara, y formaliza la subsistencia de la Subprocuración del Tesoro a cargo de funciones ejecutivas.
Como parte del ajuste, se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por el CEFAP. Esta nueva entidad asumirá la capacitación, certificación y selección de los profesionales jurídicos estatales, bajo la coordinación de un Comité Académico encabezado por el Procurador y con representantes de las carteras de Justicia, Economía y Transformación del Estado.
Simultáneamente, la Procuración despidió a más de 60 empleados y redujo las áreas técnicas, lo que representa una disminución de personal de cerca del 20% respecto de su planta inicial. Según su comunicación, estos cambios buscan “eficientizar el funcionamiento operativo”, alinear el gasto público con criterios de austeridad y profesionalismo, y eliminar “lujos jerárquicos”.
Juicio por expropiación
Por otro lado desde Casa Rosada alertaron filtraciones de información sensible vinculada al juicio por la expropiación de YPF, que se ventila en tribunales internacionales, presuntamente con empleados vendiendo datos a terceros.
De esta manera, la Procuración pasa de tener seis a cuatro Direcciones Nacionales, distribuidas entre dictámenes, asuntos judiciales, controversias internacionales y sumarios/auditorías. Asimismo, se crea una Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa para centralizar soporte en recursos humanos, compras, contabilidad y tecnología.
Por otra parte, el nuevo CEFAP heredará la responsabilidad de selección de becarios y certificaciones, y emitirá perfiles y contenidos de exámenes. Su Comité Académico deberá definir estándares y convocatorias, y será el eje profesionalizador del cuerpo jurídico estatal.
La normativa también contempla una revisión de activos y recursos de la antigua Escuela, que deberán reasignarse en un plazo de 90 días, y establece que los cursos en curso continuarán hasta completarse.
Fuente: Infobae