Mujeres y disidencias reclaman designar titular de Género tras la renuncia de Itatí Carrique
La reciente renuncia de Itatí Carrique a la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejó al descubierto un vacío institucional que preocupa al movimiento feminista salteño.
Así lo expresó la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta en una carta elevada al gobernador Gustavo Sáenz, exigiendo la designación inmediata de una nueva titular del área para garantizar la continuidad de políticas fundamentales para mujeres y disidencias.
La Asamblea, integrada por lesbianas, mujeres cis, personas no binarias, travestis, trans, indígenas y otras identidades disidentes, subrayó que la Secretaría “no puede quedar vacante ni diluida” detallando en ese sentido, la función central del área en la protección de derechos y la erradicación de violencias que, en Salta, siguen siendo una emergencia desde hace más de una década.
Entre los ejes del reclamo, en la misiva remarcaron que la Secretaría tiene la responsabilidad de diseñar y coordinar políticas públicas de género, transversalizar la perspectiva en el Estado, promover la Ley Micaela, monitorear presupuestos con enfoque de género y asistir a víctimas de violencia. Todas estas funciones hoy se encuentran paralizadas o bajo mínima ejecución, en un contexto en el que, según la propia Asamblea, el presupuesto destinado a políticas de género en 2023 representó apenas el 2% del total provincial, una cifra que consideran “claramente insuficiente frente a las urgentes necesidades de la población a la que sirve la Secretaría”.
La carta advierte que la emergencia por violencia de género no se traduce en acciones suficientes para revertir las cifras críticas de femicidios, violencia sexual e intrafamiliar. Por ello, reclaman que la persona designada para el cargo cuente con profundo conocimiento territorial y apertura real a las organizaciones que, día a día, acompañan a mujeres y disidencias que atraviesan situaciones extremas.
En el documento, la Asamblea también exigió que la directora representante de los movimientos sociales en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), Irene Cari, asuma de inmediato sus funciones, dado que su designación formal sigue sin efectivizarse, obstruyendo la articulación institucional y el monitoreo ciudadano sobre las políticas de género.
Una renuncia que expone retroceso en derechos
Para comprender la magnitud del reclamo, Nuevo Diario consultó a Yanela Barrios, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y referente de Madres Protectoras. Su análisis, con tono urgente y reflexivo, retrata el trasfondo estructural que esta acefalía expone:
“Estamos en un momento fundamental donde vemos cómo este golpe y retroceso de derechos atraviesa sobre todo a mujeres, disidencias, niños, niñas y adolescentes. Esta Secretaría no se creó solo por la emergencia de violencia de género, sino por las luchas y peticiones conjuntas de mujeres y diversidades”, afirmó Barrios.
La activista sostuvo que la designación no puede ser meramente política: “Necesitamos que sea una persona idónea, con perspectiva y conciencia de género, pero además con apertura a las organizaciones. Nosotras somos quienes estamos en los territorios, quienes hacemos la primera asistencia cuando las víctimas no tienen respuestas del Estado”.
Con preocupación, Barrios señaló que la crisis se agrava ante un presupuesto que representa apenas el 2% provincial, pese a la declaración de emergencia: “Es gravísimo. Seguimos viendo desapariciones de mujeres, abusos intrafamiliares, femicidios y un Poder Judicial que revictimiza. Las víctimas atraviesan rutas críticas, y cuando llegan a la Secretaría o al Polo de la Mujer no pueden ser abordadas como corresponde, porque no hay presupuesto ni equipos suficientes”.
La indiferencia es violencia
En su carta, la Asamblea Lesbotransfeminista también definió como violencia política la ausencia de decisiones por parte del Ejecutivo provincial: “Estas situaciones no solo afectan el funcionamiento institucional, sino que reproducen la falta de respuestas ante las múltiples violencias que vivimos mujeres, indias y diversidades en Salta. La ausencia de decisiones concretas es, también, una forma de violencia política y administrativa”. Para Barrios, el contexto actual representa un retroceso histórico: “Estamos viviendo un momento muy duro. Necesitamos con urgencia que este espacio sea cubierto por una persona con empatía y capacidad de gestión, pero también que el gobierno asuma el compromiso real de erradicar la violencia de género. No podemos seguir con un Estado ausente, con un gobernador que no está a la altura de la situación”.
Además, advirtió sobre proyectos de ley impulsados en la Legislatura que buscan penalizar las supuestas “falsas denuncias” de abuso y violencia de género: “Son iniciativas sumamente revictimizantes que atacan directamente a mujeres, disidencias y niños víctimas”.