El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta celebrará este miércoles 23 de julio a partir de las 17 su primera sesión especial del período legislativo 2025, con un único tema sobre la mesa: el tratamiento de asuntos relativos a la conducta de un miembro del cuerpo, en el marco de hechos que son de público conocimiento con respecto a la conducta del concejal libertario Pablo López.
El proceso se activó tras la denuncia contra el concejal libertario Pablo Emanuel López por acoso sexual y extorsión, acusaciones que provocaron su renuncia antes de enfrentar un inminente proceso político y judicial. La sesión fue convocada por el presidente del Concejo, a pedido de los concejales, ante la gravedad institucional de la denuncia.
La denunciante, militante de La Libertad Avanza, presentó ante la Justicia grabaciones de conversaciones con López, en las que el concejal le reclamaba el pago de 200 mil pesos de su salario mensual de 500 mil pesos, cargo al que había accedido gracias al propio López. La situación escaló cuando, según la denuncia, el edil le propuso a la joven practicarle sexo oral a cambio de reducirle la deuda en 10 mil pesos por cada vez que lo hiciera.
La causa avanza en la fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta bajo cargos de violencia sexual, física, psicológica y económica. La Justicia ordenó el secuestro del celular del exconcejal y le entregó un botón antipánico a la denunciante como medida de protección.
Mientras tanto, en su carta de renuncia, López evitó cualquier referencia a las acusaciones, denunciantes o a su expulsión del espacio libertario, limitándose a sostener que su salida era consecuencia de un “hostigamiento político y persecución personal”. Sin embargo, recién en el párrafo final de su carta manuscrita aludió a la causa penal, asegurando su disposición a la Justicia y proclamando su inocencia.
La reacción de La Libertad Avanza fue rápida y calculada. A través de un comunicado, el espacio aclaró que no ampara “a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores” y reafirmó su “apego absoluto a la ley y los principios de la república”.
La convocatoria a sesión especial revela no sólo la gravedad del caso, sino también el desafío político y ético que enfrenta el Concejo Deliberante, obligado a pronunciarse ante un hecho que tensiona la legitimidad de la representación política. A su vez, la denuncia desnuda la vulnerabilidad de las militantes y trabajadoras políticas frente a prácticas de disciplinamiento, explotación y violencia sexual que atraviesan todos los espacios, incluidas las nuevas fuerzas que se erigen bajo promesas de “renovación”.
La discusión institucional que se dará en el recinto este miércoles tendrá un trasfondo mucho más profundo que el trámite de aceptar una renuncia. Implicará el posicionamiento de los ediles frente a los límites de la violencia de género en la política, la credibilidad del propio Concejo y el mensaje hacia la sociedad sobre el tipo de ética pública que se está dispuesto a sostener.
Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad del Concejo, Gustavo Farquharson, consideró que Pablo López incurrió en causales previstas para su remoción, por lo que un juicio político no sólo sería el camino correcto, sino también un mensaje contundente ante la sociedad. “No creo que debamos aceptarle la renuncia. El cuerpo debe activar los mecanismos previstos para iniciarle juicio político y luego removerlo. Personas que aseguran transparentar la política terminan desprestigiándola”, remarcó.
En caso de concretarse la aceptación formal de la renuncia, Luis Alejandro Papadópulos será quien asuma la banca de López.