Cinco dirigentes de Camioneros evitan el juicio oral, pero deben indemnizar a una pyme
Un tribunal otorgó probation a cinco sindicalistas de Camioneros implicados en un bloqueo extorsivo. En lugar de enfrentar un juicio oral, acordaron realizar tareas comunitarias durante 18 meses y pagar una indemnización al propietario de la pyme afectada.
Un tribunal penal suspendió el juicio oral contra cinco dirigentes del Sindicato de Camioneros por un bloqueo llevado a cabo en 2020. La acusación incluía tentativa de extorsión contra una pyme de Trenque Lauquen. En lugar de iniciar el juicio, se les concedió una probation que implica tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses. Al mismo tiempo, aceptaron indemnizar al empresario afectado por el bloqueo.
Los sindicalistas involucrados son Omar Pérez, Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz. El bloqueo se realizó para exigir el pago de una deuda inexistente al dueño de Andar Transportadora. El accionar incluyó la interrupción del funcionamiento de la empresa por parte de activistas gremiales.
El tribunal consideró varios factores para otorgar la probation. Evaluó el arraigo de los imputados, su condición de padres y la ausencia de antecedentes penales. Con base en esa valoración, se decidió suspender el juicio oral previsto originalmente en junio.
Como parte del acuerdo, los cinco dirigentes deben pagar en total 1.500.000 pesos cada uno. El pago se realizará en cinco cuotas mensuales de 300.000 pesos. Además, se comprometieron a abstenerse de cualquier contacto con el empresario o su entorno.
También aceptaron realizar tareas comunitarias no remuneradas en la sede de Cáritas durante año y medio. Deben presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados y solicitar permiso para salir del país si lo desean.
El propietario de la pyme, Alejandro Castell, declaró que el reconocimiento del daño económico fue relevante. Si bien prefería que los acusados enfrentaran un juicio, consideró que la reparación del perjuicio bilateral fue valiosa.
La causa se originó en un bloqueo ejecutado por unos 15 activistas sindicales frente a las instalaciones de Andar. La acción impidió el ingreso y la salida de camiones, lo cual paralizó la actividad de la empresa por varios días.
El fiscal había promovido la elevación a juicio en 2022, argumentando que la conducta de los acusados atentaba contra la propiedad con fines extorsivos. Según su presentación, existía un plan previamente organizado para presionar al empresario.
Fuente: Infobae