Vecinos siguen reclamand por la municipalización de La Silleta
El reclamo de los vecinos de La Silleta por su municipalización recobra más fuerza pese al fallo de la Corte de Justicia de Salta, que rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por el vecino y referente Rubén Olarte.
La presentación judicial apuntaba contra las ordenanzas 173/24 y 174/24 del Concejo Deliberante de Campo Quijano, que habilitaron la convocatoria a elecciones de convencionales para la redacción de una Carta Orgánica municipal.
Para los habitantes de La Silleta, que desde hace décadas luchan por recuperar su estatus de municipio —vigente hasta que un decreto de facto lo suspendió durante la dictadura—, el proceso impulsado por el Ejecutivo de Campo Quijano está plagado de irregularidades legales y constituye una amenaza directa a sus aspiraciones históricas de autonomía.
La sumatoria de las irregularidades
El conflicto se remonta al 28 de noviembre de 2024, cuando el Concejo Deliberante de Campo Quijano rechazó un proyecto del Ejecutivo municipal que solicitaba la redacción de una Carta Orgánica, al no alcanzar los dos tercios de los votos necesarios.
Sin embargo, en una maniobra cuestionada por los vecinos, al día siguiente se sancionó una ordenanza “Ad Referéndum” para convocar igualmente a elecciones, sin que mediara una nueva sesión formal ni se cumpliera con los procedimientos legales establecidos.
Rubén Olarte denunció que se utilizó una herramienta legal —la ordenanza “Ad Referéndum”, prevista en el artículo 77 del Régimen de Municipalidades— para eludir el rechazo legislativo. Esta figura excepcional solo puede utilizarse en situaciones de extrema urgencia, como catástrofes naturales o emergencias sanitarias, supuestos que no aplican en este caso.
A este vicio de origen se suma un hecho clave: las ordenanzas nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial, como exige el artículo 78 de la misma normativa. Sin publicación oficial, no existe validez jurídica efectiva ni posibilidad de exigir su cumplimiento.
Pese a la gravedad de las irregularidades señaladas, la Corte salteña rechazó la acción judicial de Olarte por considerarla “extemporánea”.
Para justificar este argumento, el tribunal utilizó como fecha de inicio del plazo para impugnar no la publicación de las ordenanzas (que nunca ocurrió), sino su mención en un decreto provincial —el 30/25— que convocó a elecciones en 20 municipios. La lógica del fallo fue duramente criticada por los vecinos: “La Corte inventó una caducidad para no entrar al fondo del asunto”, expresó Olarte en diálogo con los habitantes de La Silleta.
Para los silletanos, se trata de un precedente alarmante, que habilita decisiones políticas sin sustento jurídico y niega a la ciudadanía el derecho a impugnar normas que, formalmente, no existen.
Un reclamo sin fin
La tensión actual es solo un capítulo más en una disputa que lleva más de medio siglo. La Ley Provincial 3913/64 creó el Municipio de La Silleta, pero fue suspendida durante la dictadura. Desde entonces, el pueblo quedó bajo la órbita administrativa de Campo Quijano, sin representación propia ni presupuesto autónomo. El temor de los vecinos es que, una vez sancionada la Carta Orgánica por los convencionales elegidos en mayo, La Silleta quede institucionalmente subordinada a Campo Quijano de manera irreversible. “Somos ciudadanos comunes, no partidarios. Solo queremos vivir mejor”, afirmó por último Olarte, reivindicando este histórico reclamo. La convocatoria a la Convención Constituyente sigue su curso y está prevista para septiembre. Todos los partidos políticos participaron de los comicios de mayo, legitimando —según los vecinos— un proceso viciado desde sus orígenes.