6 imputados y 4 testigos protegidos declararon en el juicio por la droga en el penal
Tras la lectura de la requisitoria a juicio y la declaración de seis de los acusados, se inició la presencia de testigos en la audiencia de debate en la causa que involucra a 20 personas —entre ellas, agentes penitenciarios, internos y familiares— acusadas de integrar una organización narco-criminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1.
El juicio se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios y está a cargo de los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
En el uso de su derecho a declarar seis imputados, lo hicieron, entre ellos, un excabo del Servicio Penitenciario quien reconoció haber recibido una transferencia de la madre de un interno, pero negó vínculos con la venta de drogas.
Dos mujeres también declararon y justificaron movimientos de dinero como ayuda a familiares detenidos, sin conocer el verdadero destino de las transferencias.
Dijo que lo hacía para que pudiera recibir paquetes de comida y elementos de higiene, y aseguró que desconocía que pudiera estar involucrada en un delito.
La otra imputada explicó que compartía con su hermano, detenido en la misma unidad, una cuenta bancaria vinculada a sus teléfonos. Afirmó que comenzaron a llegar notificaciones de transferencias, pero que desconocía el origen del dinero o las actividades que realizaba su hermano dentro del penal. La Unidad Fiscal —integrada por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt— solicitaron medidas para proteger a testigos vulnerables, incluyendo su identidad reservada y la exclusión de los acusados de la sala durante sus declaraciones.
El tribunal hizo lugar al pedido, pese a objeciones de las defensas.
La causa se originó tras denuncias anónimas que señalaron sobornos exigidos por personal penitenciario a cambio de beneficios para internos y el ingreso de drogas y elementos prohibidos.
Los imputados enfrentarán cargos por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, según su grado de participación.