9 de agosto, símbolo de la lucha contra la violencia sexual infantil
El 9 de agosto, lejos de ser una fecha simbólica más en el calendario, se ha convertido en un punto de encuentro continental para denunciar la persistencia de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y para cuestionar de manera directa las estructuras que la sostienen.
Desde su origen en Bolivia, impulsada por la activista Brisa de Ángulo —quien transformó su experiencia personal en motor de incidencia política y social—, la Campaña Regional por el Día de Solidaridad con las Víctimas se expandió por América Latina, tejiendo una red transnacional de resistencia frente a la impunidad. En Argentina, el impulso que tomó la propuesta este año se refleja en la articulación de organizaciones de distintas provincias y en el paso estratégico de intentar institucionalizar la fecha a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso por la organización jujeña Juntas por la Acción. Esta iniciativa busca instalar de forma permanente una jornada que no solo sirva para visibilizar, sino que también obligue al Estado a diseñar y ejecutar políticas concretas de prevención, atención y reparación. La participación de colectivos como Madres Protectoras Salta y la Asamblea Lesbotransfeminista no es menor: ambas organizaciones han sostenido, muchas veces sin recursos y frente a hostigamientos, la defensa de víctimas que se enfrentan a sistemas judiciales lentos, revictimizantes y permeados por prejuicios.
En el caso de Salta, la conmemoración se entrelaza con un contexto especialmente adverso. No solo se registra un elevado índice de denuncias de abuso sexual infantil —muchas veces dentro del entorno familiar—, sino que se suma un clima político que, según las organizaciones, puede consolidar retrocesos. El rechazo a proyectos como el de “falsas denuncias” y la reforma de la Ley 26.061 es una alerta sobre el riesgo de recortar derechos y limitar la intervención de profesionales que acompañan a las infancias. A ello se suma el rechazo a las revinculaciones forzadas con agresores y a la propuesta del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar causas que podrían derivar en la liberación de abusadores condenados. Para las organizaciones, estas medidas no solo vulneran a las víctimas, sino que envían un mensaje de desprotección que desalienta las denuncias.
Las actividades previas en Salta —intervenciones artísticas, micrófono abierto, mural colectivo— no fueron meros gestos culturales: funcionaron como espacios de denuncia pública y de construcción de memoria colectiva, recordando que la violencia sexual no es un hecho aislado, sino parte de un entramado social que requiere cambios estructurales.
“El 9 de agosto es un día para acompañar a víctimas y sobrevivientes, respetar sus tiempos, romper el silencio y crear entornos seguros donde puedan sanar sin miedo ni estigmatización”, señalan desde las organizaciones. La consigna que recorre la campaña sintetiza el espíritu de la fecha: “Nos quisieron silenciar, pero sembramos gritos de una verdad que no se rinde”.