Red de narcotráfico en el penal: subalcaide se negó a declarar y quedó detenido
En el sexto día de audiencias por el juicio contra veinte acusados de integrar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, declararon ocho agentes del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
La jornada estuvo marcada por la demora de un funcionario que se negó a responder preguntas clave de la Fiscalía.
El subalcaide y exjefe del pabellón A1 fue demorado por el Tribunal tras responder con evasivas a las preguntas del Ministerio Público Fiscal sobre gestiones irregulares para otorgar el beneficio de salidas transitorias a un interno.
El pedido había sido realizado por el acusado Sergio Moya, entonces subjefe del Departamento de Seguridad Externa.
A pesar de los reiterados llamados de atención, el funcionario mostró resistencia a colaborar, lo que llevó al tribunal —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— a recordarle su condición de testigo bajo juramento y su responsabilidad como funcionario público.
El testimonio de varios agentes coincidió en señalar irregularidades vinculadas al otorgamiento de beneficios extramuros.
Uno de los testigos afirmó que el pedido de Moya le pareció “fuera de lo normal”, y otro sostuvo que no era habitual que un jefe o subjefe interviniera directamente en esos trámites, los cuales deben iniciarse con una nota del interno y pasar por distintas instancias antes de la resolución del Consejo Correccional.
Otro efectivo, que estaba a cargo del área de mantenimiento, relató que Moya le pidió trabajo para un interno, primero presentándolo como familiar y luego como vecino.
Aunque admitió que no era el procedimiento reglamentario, dijo que “era costumbre” que algunos jerárquicos consultaran por salidas transitorias para ciertos presos.
Más del video de la pizza
También declaró una exjefa del área de Atención al Ciudadano, quien fue consultada por un episodio captado por las cámaras del penal en el que se ve ingresar tres cajas de pizza.
La testigo reconoció que ella aparece en el video, aunque dijo no recordar el hecho. Afirmó que la comida suele ingresar por distintas vías y que el control de envoltorios es responsabilidad del sector de scanner.
Otra empleada, que se desempeñaba en la Dirección de Régimen Correccional, contó que uno de los acusados —personal del sector Sanidad— le insistió para que avanzara con el pedido de extramuro de un interno que no cumplía con los requisitos de conducta y concepto. El trámite fue rechazado por no alcanzar los puntajes exigidos, pero el funcionario alegó que el reo era “primo de un amigo del barrio”.
En cuanto al control de ingreso al penal, una agente del área de Registro y Requisa denunció fallas graves: uno de los tres scanners está fuera de servicio y la capacitación del personal es insuficiente. Reconoció que no sabe interpretar imágenes del scanner ni identificar drogas, y admitió que no leyó el reglamento de requisa.
También detalló que el ingreso de alimentos por parte del personal es frecuente y suele realizarse con autorización verbal de superiores.
Por su parte, el jefe de Capacitación del penal afirmó que la compra de materiales para talleres solo puede ser realizada por encargados, y que ningún familiar de un interno puede transferir dinero directamente a un maestro.
En el cierre de la audiencia, el subalcaide que había sido demorado fue llamado nuevamente por el tribunal para completar su declaración, esta vez respondiendo a las preguntas de todas las partes.
La causa, originada a partir de denuncias anónimas ante la Fiscalía de Derechos Humanos, investiga una presunta red que habría operado desde el interior del penal, donde se habrían pedido sobornos a cambio de beneficios para internos —como salidas transitorias, traslados, informes favorables o visitas sin requisa— y para facilitar el ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos.
Los veinte imputados —funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares— enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada por su comisión en un centro de detención y por funcionarios públicos, y asociación ilícita, todo ello en concurso real.