Familias de Cafayate piden la finalización de viviendas del IPV
Un grupo de 97 familias cafayateñas se manifestaron en las puertas de la municipalidad comandada por Rita Guevara para reclamar por la demora en la entrega de viviendas previstas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Según relataron, el acuerdo firmado establecía la finalización y entrega de las unidades el primer día de septiembre; sin embargo, ante el avance irregular de las obras y retrasos en diferentes frentes, los adjudicatarios expresaron su preocupación y solicitaron información oficial.
La vocera del grupo explicó, Rebeca Sulca, que, tras constatar el estado de avance en las obras, se detectaron atrasos significativos en varias viviendas. Aunque en una reunión previa con autoridades del IPV se había planteado la posibilidad de entregas por etapas, desde el organismo aseguraron en ese momento que la entrega sería conjunta de las 97 unidades. La contradicción entre lo acordado y el estado real de las obras motivó a los adjudicatarios a gestionar una audiencia con la intendenta Rita Guevara para elevar la situación.
Durante la reunión con la jefa comunal, los vecinos fueron informados de que, según la versión del IPV transmitida por la intendenta, es probable que no se culminen todas las viviendas en la fecha pactada. No obstante, la intendenta propuso la alternativa de que se realicen entregas por etapas, lo que generó inquietud entre quienes habían firmado contratos de alquiler con vencimiento en septiembre y temen quedar sin techo propio al vencimiento de esos compromisos.
Del total de 154 familias que participaron del sorteo original, se constituyeron dos grupos de 97 cada uno; el conflicto actual involucra a la primera tanda de 97 adjudicatarios cuyas obras debían estar finalizadas. La entrevistada señaló que, de ese conjunto, entre 60 y 70 viviendas están en un estado avanzado de terminación, con tareas pendientes vinculadas a instalaciones de baños y cocinas; otras unidades requieren trabajos adicionales antes de poder ser entregadas.
Según Sulca, la problemática se agrava por el contexto económico de las familias: muchas sostienen alquileres elevados —se mencionaron montos de entre 50.000 y 60.000 pesos por mes— y cuentan con numerosos integrantes a cargo, lo que incrementa la urgencia por disponer de su vivienda propia. Además, la representante recordó que la gestión del expediente lleva años: las carpetas y trámites vinculados a estos hogares se remontan a alrededor de 2008 y, según denuncian, en administraciones anteriores se produjeron pérdidas y extravíos de documentación que obligaron a rehacer presentaciones en múltiples ocasiones. Esos hechos, sostienen, dejaron fuera a varios postulantes.
Respecto de otras soluciones parciales instrumentadas en la ciudad, la fuente aclaró que entregas y convenios realizados con otras personas —por ejemplo, la adjudicación de 40 viviendas en Pueblo Nuevo— no impactaron en el avance de las obras de este grupo específico.
En paralelo, mencionó que existen 97 familias adicionales que quedaron fuera del proceso de construcción por decisiones derivadas del cambio de gobierno, y que el gobierno provincial se habría hecho cargo de atender parte de esos casos.