Pese a un acuerdo con la intendenta, en Yrigoyen piden la detención de manifestantes
El clima de tensión en Hipólito Yrigoyen no cede. Este sábado se conoció un llamativo pedido de detención contra trabajadores municipales y referentes gremiales que se habían manifestado los días de protesta frente al Ejecutivo local.
La medida generó un fuerte rechazo en el ámbito sindical y abrió un nuevo capítulo en la disputa con la gestión de la intendenta Soledad Cabrera. En diálogo con el periodista Samuel Huerga, la secretaria general de ATE Delegación Orán, Julia Pizzola, confirmó que entre los nombres alcanzados por la orden judicial figura el suyo. “Nos sorprendió porque el conflicto había terminado después de cuatro días de paro contundente, con mucho acatamiento y después de una salvaje represión. No entendíamos por qué seguir viviendo estas secuelas. Hoy nos sorprende la orden de detención, entre las que estamos dirigentes de ATE”, expresó.
La dirigenta aseguró que ya presentaron un recurso de amparo y un habeas corpus, al tiempo que denunció que se trata de una persecución política: “Esto no es más que criminalizar la protesta, un intento de amedrentamiento y disciplinamiento. No se entiende esta medida cuando ya se firmó un acta con la intendenta Cabrera”.
Un conflicto que parecía cerrado
Tras varias jornadas de paro y manifestaciones, los trabajadores municipales habían alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo, que incluyó el pago de un bono y la recategorización laboral. Sin embargo, el acuerdo se concretó luego de que la protesta escalara en tensión y derivara en una violenta represión en la feria municipal, que dejó 25 trabajadores heridos y un empleado de Tránsito con pérdida de un ojo. La actuación de la Policía, que según denuncias disparó directamente al rostro de los manifestantes, dejó un profundo malestar en la comunidad y puso a la gestión de Cabrera en el centro de la polémica. No obstante, la crítica situación, ayer sábado se conoció que el pedido de detención que se libró el jueves, todavía seguía vigente, desatando preocupación entre los empleados municipales, que alertan sobre la criminalización de la protesta.
Desde ATE y otros sectores sindicales señalaron que la persecución judicial constituye un grave antecedente contra el derecho a la protesta. “Manifestarse y reclamar por derechos no es un delito. No podemos dejar que pase nunca más”, advirtieron en un comunicado, en el que llamaron a mantenerse en estado de alerta y remarcaron que los trabajadores de Hipólito Yrigoyen “no están solos”.
La situación en Yrigoyen se inscribe en un contexto más amplio de precarización laboral y represión en la región. Los municipales son de los peores pagos en la provincia, con sueldos muy por debajo de la canasta básica y una gran parte de su salario en negro. A esa realidad se suma la de los trabajadores rurales y azucareros, históricamente golpeados por despidos, bajos sueldos y medidas represivas. En este marco, organizaciones sociales y sindicales advierten que los hechos en Hipólito Yrigoyen representan una avanzada contra los derechos conquistados y denuncian que forman parte de una política más amplia de control social en el norte del país.
El conflicto también reavivó el debate sobre el rol de la Justicia en los reclamos laborales. Mientras los trabajadores insisten en que se trata de una causa armada para disciplinar la protesta, sectores opositores en el Concejo Deliberante cuestionan la falta de diálogo y la decisión de la intendenta de recurrir a la fuerza pública como primera respuesta. La imagen de la gestión de Cabrera quedó fuertemente golpeada y se esperan nuevos pronunciamientos de organismos de derechos humanos en los próximos días.