Juicio a la red narco de la cárcel: Testigos confirmaron irregularidades
Durante la audiencia se expusieron informes sobre celulares incautados, que revelaron mensajes, llamadas y registros vinculados a las maniobras investigadas.
En el inicio de la tercera semana de la audiencia de debate seguida contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, prestó declaración la actual secretaria de actas del Consejo Correccional.
La testigo relató que, al asumir en noviembre de 2022, detectó irregularidades en la documentación: actas incompletas de 2021 y la ausencia total de registros entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2022. En total, había 54 reuniones sin asentar.
Señaló que, al comenzar, realizó una auditoría interna y presentó un informe en diciembre de 2022. En total había 54 actas sin registrar. Entre los hallazgos, advirtió carpetas de internos desactualizadas o incompletas, donde deberían figurar calificaciones de conducta y concepto notificadas trimestralmente. Detectó que algunos internos eran calificados de manera discontinua y que se aplicaban criterios diferentes según los casos.
Al asumir el 16 de noviembre de 2022, ya se había realizado la calificación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que debía presentarse en los primeros diez días de octubre. Esa evaluación abarcó 165 condenados y 4 procesados, pero no se registraban actuaciones de reconsideración ni elevación de conducta y concepto.
Luego, prestó testimonio un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien participó del allanamiento de la vivienda del alcaide Francisco Bisceglia. Detalló que se secuestró un cuaderno de tapa dura con anotaciones sobre unidades carcelarias y distribución de medicamentos entre internos, además de hojas arrancadas. También se incautaron registros bancarios, documentación vinculada a detenidos y planillas sobre sus situaciones procesales.
Se encontraron fojas con datos de internos, nombres de personas y números de teléfonos celulares, entre ellos el de un interno involucrado en el episodio de las cajas de pizzas, junto con referencias a condenas y derivaciones. En el pasillo de la vivienda se hallaron 45.000 pesos en efectivo, envueltos en planillas que contenían listados de internos y referencias a sesiones ordinarias del Consejo Correccional. Toda la documentación fue debidamente embalada y sometida a cadena de custodia.
El oficial también elaboró un análisis sobre movimientos bancarios de una cuenta del Banco Macro perteneciente a Luis Roberto Castaño, verificando gastos habituales por montos bajos en relación a su salario y detectando un plazo fijo de un millón de pesos cercano a los allanamientos, lo que hizo presumir ingresos no declarados.
Otra de sus tareas fue el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a Sergio Moya. La extracción de datos se realizó con la herramienta forense UFED de Cellebrite. Del examen de mensajes y conversaciones se estableció que Moya se identificaba como “Messi”, que se desempeñaba como personal penitenciario de alto rango y que, en paralelo, cumplía funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, presentándose como mano derecha del entonces subsecretario de Gobierno.