Funcionarias de Tartagal a juicio por pedir coimas a mujeres vulnerables
La exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Carla Antonella Cordero, y dos empleadas de esa dependencia, Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, enfrentarán un juicio oral y público.
Las funcionarias están acusadas de exigir dinero de manera ilegal a mujeres beneficiarias del programa nacional Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género.
Así lo resolvió la jueza de revisión Mariela Catalano durante la audiencia de control de acusación, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso penal. Las tres mujeres están imputadas como coautoras del delito de concusión agravada, por tratarse de funcionarias públicas y por haber actuado, presuntamente, en beneficio propio.
También será juzgado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, acusado como partícipe necesario.
Según la investigación, habría facilitado su cuenta bancaria para recibir los pagos ilegales, además de ofrecer el acceso al programa a personas cercanas a cambio de una comisión.
Durante la audiencia realizada el jueves pasado, el fiscal federal de la Sede Descentralizada de Orán, Marcos Romero, ratificó la acusación.
Por su parte, las defensas intentaron obtener el sobreseimiento de sus representadas, cuestionando la calidad de las pruebas y la calificación legal.
Sin embargo, la jueza rechazó todos los planteos y afirmó que la valoración probatoria deberá hacerse en el juicio.
El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando una beneficiaria denunció haber sido obligada a pagar para acceder al plan.
Luego se sumaron nuevas denuncias, incluyendo la de una diputada nacional y concejales locales, lo que llevó a la apertura de una investigación más amplia.
La fiscalía y la Gendarmería Nacional llevaron adelante tareas de inteligencia, solicitaron allanamientos, informes bancarios y documentación oficial del municipio.
La evidencia recolectada mostró un patrón sistemático de cobros indebidos y alteraciones en los datos del sistema para dar de baja a quienes no pagaban.
No paga no cobra
La primera denuncia fue radicada por una beneficiaria el 17 de noviembre del 2022, siguiendo la de otra mujer que pidió reserva de identidad, la de un grupo de concejales de Tartagal y la de una diputada nacional por Salta, como también dos actuaciones preliminares abiertas a partir de la cobertura de medios locales y redes sociales.
Las medidas adoptadas por la investigación, confirmaron la relación de dependencia de tres de las personas imputadas con la Dirección de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagal desde enero de 2021, incluida la designación de Carla Antonella Cordero en calidad de directora.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en tanto, se remitió la nómina de 2.489 beneficiarias, entre ellas dos de las denunciantes. También se detectaron integrantes de la propia dirección municipal y de sus familiares, como el caso de los hijos de Sandra Mabel Domínguez. Se comprobó que en caso de que las mujeres sometidas a esta maniobra no pagaran se les daba de baja el plan.