Detienen al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado que ya mató a 96 personas
La Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular de HLB Pharma, el laboratorio vinculado a la distribución de fentanilo contaminado que está siendo investigado por la muerte de al menos 96 personas.
El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.
La medida se dio en el marco de 10 allanamientos que incluyeron no solo a HLB Pharma, sino también a Laboratorios Ramallo, empresas estrechamente relacionadas y bajo investigación.
Además de García Furfaro, la Justicia también investiga a sus hermanos Diego y Damián García, quienes participaban en la gestión de los laboratorios, y a su madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB.
Los allanamientos también alcanzaron al director general de ambas compañías, Javier Tchukran, y a los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
En el caso de Laboratorios Ramallo, se dispusieron procedimientos sobre su presidente Horacio Tallarico y su director suplente Rodolfo Labrusciano.
“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X con las fotos de algunos de los detenidos.
Según informó Fiscales, el juez Kreplak aceptó este miércoles el pedido de la fiscal María Laura Roteta y del titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, para detener y citar a indagatoria a directivos y técnicos de Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma. La medida responde a la investigación por posibles desvíos de calidad en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, contaminados con bacterias Klebsiella y Ralstonia, así como por un presunto desvío de producto al mercado ilegal. El fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, promovió también pesquisas sobre los controles oficiales.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, mientras remarcó que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.
En ese sentido, sostuvieron que a partir de esta complejidad se requirió la intervención de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal que colaboran en el caso: la PROCUNAR, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).