Causa jefes penitenciarios: Imputaron a un ex interno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja
La pareja se negó a prestar declaración. Se les acusa del delito de comercialización agravada de estupefacientes en un lugar de detención.
La Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto, imputó provisionalmente a un hombre y una mujer por el delito de comercialización agravada de estupefacientes por ser cometida en lugar de detención.
Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por un abogado particular y se negaron a prestar declaración. Desde la Unidad Fiscal se solicitó la prisión preventiva de la pareja.
El hombre y la mujer fueron detenidos el jueves 25 de enero en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
Los imputados son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja. Ambos se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
Se trata de un exrecluso y su pareja. Hace días se llevaron a cabo dos nuevas detenciones en el contexto de la investigación relacionada con funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de conceder beneficios.
Séptima reincidencia
El 20 de octubre del año pasado, el acusado, un hombre de 49 años, se presentó en el domicilio de su expareja cuando ella no estaba, y comenzó a gritar a sus hijos mientras profería amenazas en su contra. Al día siguiente ella salió de su casa y vio que la estaba siguiendo, por lo que decidió volver y refugiarse en su vivienda.
Finalmente, el 28 de diciembre se presentó nuevamente en la casa de la denunciante y esta vez ingresó en el inmueble sin autorización. El hombre tenía medidas cautelares dictadas en su contra por el Juzgado de Violencia de Género interviniente, entre las cuales le prohibía el acercamiento y el ingreso al domicilio de la víctima.
La fiscalía solicitó su prisión preventiva. La jueza de Garantías 1, Ada Zunino, lo condenó a la pena de ocho meses de prisión de ejecución efectiva.
En el mismo fallo fue declarado reincidente por séptima vez, atento a los antecedentes condenatorios que registraba, y se ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1.0