Otro escándalo: denuncian irregularidades en la gestión de la intendenta de H. Yrigoyen
En el municipio de Hipólito Yrigoyen se profundiza una crisis institucional que tiene en el centro de la polémica a la intendenta María Soledad Cabrera.
Denuncias por obras fantasmas, fondos sin rendición y represión a empleados municipales llevaron al Concejo Deliberante a elevar un contundente expediente a la Legislatura provincial, en el que se solicita la intervención de los organismos competentes para salvaguardar la legalidad y el interés público.
La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 058/2025, donde se adjunta un extenso listado de resoluciones, pedidos de informes y denuncias presentadas tanto en la Fiscalía Penal N.º 3 de Orán como en la Auditoría General de la Provincia de Salta. El documento fue remitido a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, con el objetivo de que los legisladores provinciales tomen pleno conocimiento de las irregularidades detectadas en el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) conducido por Cabrera.
Obras millonarias que nunca existieron y fondos sin destino claro
Entre las observaciones más graves, sobresalen proyectos de obras millonarias que nunca se concretaron. Un tinglado presupuestado en 100 millones de pesos jamás se construyó; lo mismo ocurre con el supuesto arreglo de calles que demandaron 300 millones de pesos, aunque la infraestructura urbana continúa deteriorada.
Asimismo, se cuestiona un aumento del 50% en el consumo de combustible respecto a gestiones anteriores, sin explicación oficial que lo justifique. También figuran gastos llamativos en festivales, eventos y cursos cuya validez legal no pudo acreditarse.
La concejal Gabriela del Castaño, en diálogo con Infórmate Orán, sostuvo que “la gestión de Cabrera es una decepción muy grande”, y remarcó que “la prioridad de la intendencia parecen ser los festivales, mientras las necesidades básicas de la comunidad siguen desatendidas”.
Más de 1.400 millones de pesos y una rendición de cuentas opaca
Según datos oficiales, el municipio recibió hasta junio de 2025 más de 1.400 millones de pesos, un 44% más que el año pasado. Sin embargo, ni el Concejo ni la ciudadanía tienen claridad sobre el destino de esos fondos.
Uno de los puntos más cuestionados es el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales. El último correspondiente a 2024 fue presentado recién en marzo de este año, mientras que el primero de 2025 aún no se recibió.
A ello se suma el manejo discrecional del presupuesto: el Ejecutivo municipal vetó un artículo y, mediante decreto, modificó el cálculo de gastos, asumiendo funciones propias del Concejo Deliberante, lo que fue calificado por los ediles como una violación a la división de poderes municipales.
Más denuncias
Otra de las denuncias más sensibles apunta al destino de fondos educativos. Según la documentación, el municipio debía destinar 10 millones de pesos por establecimiento escolar para obras de infraestructura. Sin embargo, directivos aseguran que ese dinero nunca se aplicó y las escuelas siguen con serias deficiencias edilicias.
En paralelo, la Auditoría General de Salta fue informada sobre la falta de cumplimiento en estos programas, mientras que la Fiscalía Penal N.º 3 ya acumula varias denuncias formales para investigar las presuntas irregularidades.
Incidentes y represión en la calle
La crisis política se agravó tras los incidentes registrados en la reciente manifestación de empleados municipales por incremento en sus haberes, donde un empleado municipal perdió un ojo a causa de la represión policial. El Concejo Deliberante emitió una resolución repudiando el accionar de las fuerzas de seguridad y responsabilizando a la intendencia por no garantizar un marco de diálogo con los trabajadores.
Un Concejo que marca distancia
La Resolución Nº 058/2025 del Concejo Deliberante incluye un extenso anexo de expedientes que revelan insistentes pedidos de informes no respondidos, solicitudes de documentación sobre presupuestos, obras, contrataciones y gastos públicos. El cuerpo legislativo local advierte que Cabrera no ha cumplido con los principios de eficiencia, transparencia, imparcialidad y publicidad de actos de gobierno establecidos por la Ley N.º 6715 y la Carta Orgánica Municipal.
El texto remarcó la necesidad de que las Cámaras Legislativas provinciales analicen, supervisen y adopten medidas que garanticen la legalidad en la administración municipal. No se descarta que, de comprobarse incumplimientos graves, el caso derive en la intervención del municipio.
La situación en Hipólito Yrigoyen trasciende el plano local y ya se instaló en la agenda provincial, que escucha con preocupación los pedidos de intervención. La situación representa, según los ediles y referentes sociales, un retroceso en la confianza pública y una alerta sobre la falta de controles eficaces en la gestión de los recursos municipales.
Y además
La concejal de Hipólito Yrigoyen, Gabriela Del Castaño, habló con Radio Metro sobre los polémicos hechos ocurridos en la localidad en la previa del festival del sábado 16 de agosto.
Del Castaño cuestionó que el evento se haya realizado sin autorización del Concejo Deliberante y denunció que, pese a tener características de una fiesta privada —con cobro de entradas y venta de bebidas alcohólicas—, se financió con dinero del Estado municipal.
“De mi parte, nunca tuve conocimiento de que algún municipio haya hecho un evento donde se cobre entrada y se vendan bebidas alcohólicas. Y acá se hizo con fondos públicos”, sostuvo.
Del Castaño fue más allá y habló de una ciudad en deterioro constante: “Todos los días hay reclamos y no se ve ninguna mejora. Hasta el momento no se han presentado las ejecuciones presupuestarias del principio de año, por lo tanto, no sabemos en qué se gastó”.