Exención del 100% y por un año al transporte de personas con discapacidad
En un contexto nacional marcado por recortes y la creciente invisibilización de las personas con discapacidad y de quienes trabajan en este sector, la Municipalidad de Salta resolvió avanzar con una medida que fue bien recibida por prestadores y familias: la exención del pago del Impuesto a la Radicación de Automotores para los vehículos destinados al servicio de transporte especial.
La disposición alcanza a quienes realizan traslados de personas con discapacidad hacia tratamientos médicos, terapias de rehabilitación, centros educativos y espacios de recuperación. Se trata de una exención del 100% por un período de un año, con posibilidad de renovación.
En todos los casos, los vehículos deberán estar debidamente acreditados y destinados en forma exclusiva y permanente a la prestación del servicio. El trámite se inicia mediante expediente en el Centro Cívico Municipal (CCM) o en las oficinas de Rentas de calle 25 de Mayo 846. La resolución final queda en manos de la Dirección General de Rentas, que analiza cada presentación y emite la resolución de exención correspondiente. La vigencia, en el caso de este año, será hasta el 31 de diciembre, con opción a renovarse para el próximo período.
Requisitos para acceder
Los interesados deben completar un formulario —disponible en las oficinas municipales o en el portal oficial de la Municipalidad— y acompañarlo con la siguiente documentación: Fotocopia del DNI del licenciatario. Fotocopia del título automotor. Certificado de libre deuda automotor y de multas de tránsito del vehículo afectado al servicio, con vigencia hasta abril de 2025.Copia del cuaderno de habilitación expedido por la Dirección de Transporte Público Impropio y Taxiflet. Comprobante de pago del canon anual (en importe total o cuota vencida).
En caso de contar con más de una licencia, comprobante de pago de sellado de chofer para cada una de ellas.
Un contraste con las políticas nacionales
La decisión municipal cobra relevancia si se la contrasta con el panorama a nivel nacional. Mientras desde el oficialismo legisladores justificaron públicamente que la atención en el Hospital Garrahan “no era un derecho que asistía a todos los niños y niñas del país”, desde la intendencia salteña se tomaron medidas de apoyo directo a las familias. No solo se resolvió la creación de un fondo para ayudar a quienes deben viajar a realizar tratamientos médicos, sino que ahora se suma esta exención impositiva, que representa un alivio concreto para los prestadores de transporte y, en consecuencia, para los usuarios que dependen de ellos. La medida se inscribe en una línea de acción que busca sostener políticas públicas de inclusión, en un momento donde los sectores más vulnerables enfrentan mayores dificultades por las restricciones presupuestarias impuestas desde Nación.