La oposición denuncia censura previa por el “bozal legal” ante audios de Karina Milei

Se dictó una orden judicial para impedir la difusión de grabaciones que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La oposición plantea que se trata de censura previa.

El juez Alejandro Patricio Maraniello aceptó una medida cautelar para que no se difundan audios supuestamente grabados en el interior de la Casa Rosada. En su fallo, aclaró que la restricción es parcial, temporal y busca proteger la intimidad de la funcionaria y la seguridad institucional. Según argumentó, no se trata de un “bozal legal”, sino de una acción excepcional y limitada al caso concreto.

La solicitud para frenar la difusión la presentó Karina Milei y abarca audios, chats, videos o fotos que fueran atribuidos a ella y que circulen en medios o redes sociales. Además, el juez ordenó que se notifique al ente regulador para que comunique la resolución a todos los canales de difusión masiva.

Esa decisión provocó una respuesta inmediata desde distintos sectores políticos. Varios referentes de la oposición cuestionaron la medida, advirtiendo que establece un mecanismo de censura previa incompatible con los principios democráticos. Para ellos, no tienen que condicionar la libertad de prensa por una orden anticipada, y solo tras la publicación podría evaluarse la eventual responsabilidad.

Organismos vinculados al periodismo también repudiaron la cautelar. Insisten en que la prohibición afecta la capacidad de los periodistas para informar sobre eventos de interés público, sin perjuicio de sanciones posteriores en caso de daño.

En paralelo, algunos constitucionalistas destacaron que el juez actuó sin contar con el contenido de los audios, lo que dificulta cualquier juicio sobre si la difusión causaría perjuicio al honor o la seguridad institucional. Señalaron que la ley prevé otras vías de reclamo una vez difundida la información, pero no anticipadamente.

Este episodio se suma a un clima político convulsionado, donde recientes filtraciones afectaron la Agencia Nacional de Discapacidad. En aquel episodio, grabaciones vinculaban a Karina Milei con supuestas irregularidades internas. La actual orden judicial aparece ahora como una respuesta preventiva del oficialismo frente a la difusión de material sensible en plena campaña electoral.

Fuente: Infobae