En una extensa sesión ordinaria celebrada este martes en la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal, enviado por el gobernador Sáenz. La iniciativa busca modernizar el sistema judicial de Salta mediante la plena implementación de la oralidad y un esquema adversarial.
Ya en la sesión de este martes, como miembro informante, la diputada Socorro Villamayor remarcó que el proyecto refleja una política pública del gobernador Sáenz orientada a una justicia más cercana y dinámica, con mayores herramientas para la persecución del delito y la lucha contra el crimen organizado. Subrayó además que la propuesta fue debatida con colegios de abogados y magistrados, que en su mayoría expresaron un apoyo favorable.
Villamayor destacó que la oralidad brindará mayor transparencia y beneficios para las víctimas, además de incorporar innovaciones como el agente encubierto, la figura del arrepentido y la consideración de la reiterancia en la evaluación de la prisión preventiva. También mencionó cambios en la estructura judicial, con la creación de oficinas judiciales y colegios de jueces, y nuevas vías recursivas que favorecen la horizontalidad.
Entre las intervenciones críticas, el diputado Roque Cornejo sostuvo que la reforma llega “con 20 años de retraso” y cuestionó que el proyecto se haya diseñado “a medida del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal” sin una convocatoria amplia a familiares de víctimas. Pidió garantizar un acompañamiento real a las víctimas y recordó casos emblemáticos de impunidad como el de las turistas francesas.
En contraste, Luis Albeza defendió la solidez y modernidad de la propuesta, y advirtió que los problemas de impunidad no dependen de un código sino de la actuación de los operadores judiciales. Sofía Sierra puso el foco en que las oficinas judiciales funcionen bajo concursos públicos para evitar designaciones discrecionales, mientras que José Gauffin celebró el cambio de paradigma que implica la creación de estas estructuras.
Desde el oficialismo, Patricia Hucena remarcó que la oralidad acerca la justicia a la ciudadanía y mejora el vínculo con el sistema penitenciario.
Implementación gradual
La reforma será implementada de manera progresiva: comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro y se extenderá en 2027 al resto de los distritos provinciales.
Con media sanción en Diputados, el proyecto ahora pasará al Senado para su revisión y eventual sanción definitiva.
El debate previo
Diputados y senadores recibieron además a las principales autoridades judiciales: la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; el juez de Corte, Pablo López Viñals; el Defensor General, Martín Diez Villa; y el Procurador General, Pedro García Castiella.
El Procurador General García Castiella resaltó que el nuevo esquema prioriza un enfoque restaurativo y otorga al Ministerio Público Fiscal un rol central en la investigación. Aseguró que las reformas incorporan herramientas modernas para agilizar los procesos y resolver conflictos mediante métodos alternativos, depurando causas antes del juicio.
Desde la Defensa, Diez Villa valoró la adopción de un sistema adversarial pleno que garantice igualdad de oportunidades entre las partes, aunque advirtió sobre la necesidad de fortalecer la estructura de la Defensa Pública para asegurar un servicio eficaz a los sectores más vulnerables.