Gobierno nombró a Miguel Romero en el INTI y a Carlo Gallo en el INPI
El Ejecutivo formalizó la salida de Daniel Afione como presidente del INTI, con efecto desde septiembre. En su reemplazo asumió Miguel Ángel Romero, mientras que Carlos María Gallo lo designaron al frente del INPI.
El Gobierno aceptó oficialmente la renuncia de Daniel Afione al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La salida fue efectiva a partir del 1° de septiembre de 2025, según el decreto 642/2025 publicado en el Boletín Oficial. En su lugar, se designó a Miguel Ángel Romero como nuevo presidente del organismo. Al mismo tiempo, Carlos María Gallo asumió la presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) desde el 3 de septiembre.
Afione había presentado su renuncia luego de un mandato marcado por fuertes críticas internas y sindicales. Durante su gestión, el INTI perdió casi un 23 % de su personal, con la reducción de más de 700 trabajadores entre técnicos, auxiliares y profesionales. Esa situación generó denuncias sobre vaciamiento institucional . Además, se cuestionó su doble rol al estar vinculado a una consultora privada con actividades similares a las del organismo, lo que despertó señalamientos por conflicto de interés.
La renuncia también fue interpretada como consecuencia directa del rechazo del Congreso a los decretos ejecutivos que buscaban modificar la estructura del organismo, junto con un revés judicial que frenó despidos masivos. Todo ello contribuyó a generar un clima de presión política y gremial que apuntó a debilitar su figura al frente del INTI.
En su lugar, el Gobierno eligió a Romero, abogado y docente de la UBA, con experiencia en defensa del consumidor, conciliación de conflictos y asesorías en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Su perfil sugiere una conducción orientada a recomponer vínculos internos y retomar el rol técnico del INTI.
Al mismo tiempo, Carlos María Gallo se sumó como presidente del INPI, otro organismo clave en propiedad industrial. Su designación apunta a reforzar capacidades estatales en el aspecto tecnológico y legal, en un contexto donde ambos institutos atraviesan etapas sensibles.
Fuente: Ámbito Financiero