Una jueza prohíbe trabajar a una familia por un conflicto de tierras

Las tierras del conflicto son tres hectáreas ubicadas en El Barrial, localidad de Cafayate, donde reside una familia que trabaja la tierra para subsistir, que es acusada de usurpación. La Justicia les prohibió continuar trabajando.

Hace más de 20 años, una familia numerosa vive en tres hectáreas donde trabaja la agricultura y el ganado como método de subsistencia. Ante la aparición de un supuesto “dueño”, la familia es constantemente hostigada y se invocó una medida que les prohíbe trabajar la tierra.

Un integrante de la familia comentó a Nuevo Diario que en toda la zona las tierras no se encuentran regularizadas. La gran mayoría son tierras fiscales. El conflicto inició el año pasado, cuando llegó al terreno un hombre de apellido Bravo aduciendo que el terreno es suyo, pero sin contar con ningún papel que pueda comprobar dicha situación, simplemente con un pago de los servicios del lugar, realizado hace más de 60 años, por otro hombre del mismo apellido; pero sin confirmar si existe un vínculo familiar. Sin embargo, dichos pagos no comprueban la posesión del terreno.

Sin embargo, Bravo logró instalar en el lugar una casilla de madera que luego desapareció, y la familia fue acusada de robo. Ante ello, el integrante afirmó que se inició un proceso de hostigamiento a la familia, que sufrió más de 6 allanamientos.

“Lo que nosotros no podemos saber es si efectivamente se la han robado, o ha sido una artimaña de él, o si, como se rumoreaba en El Barril, o de que él nunca pagó la casilla y se la recuperaron”, dijo.

Asimismo, señaló que “coincidentemente” la situación de conflicto inició una vez que la familia empezó a realizar los trámites para regularizar el terreno por posesión veinteañal.

Lo más llamativo de la situación, además de la constante presencia policial y allanamientos sobre la familia, es que el juzgado de garantías a cargo de la jueza María Virginia Toranzos dictó una medida de no innovar para que la familia no pueda trabajar la tierra ni cuidar el ganado, trabajo que realizan como método de subsistencia.

“Esta persona no presentó ni testigo, no acreditado la titularidad del lugar, sin embargo, la causa penal de usurpación sigue activa. Y con esa excusa viven hostigando. La mayor de las hostigaciones es que sacan, obviamente a pedido del abogado de este señor, una medida de no innovar donde no le permiten cultivar ni criar ganado. Nos arrinconan para que nos vayamos”, afirmó.

En cuanto al porqué del enseñamiento con la causa, que mantiene la caratula de robo y usurpación en el fuero penal, la familia asegura que la conexión proviene por el abogado de Bravo, que es parte del estudio de abogados de Silvina Vargas, ex ministra de la provincia.

Además, otro dato que llamó la atención, es que en el expediente judicial figura que el propio procurador Pedro García Castiella solicitó que se le envíe un informe semanal sobre el avance de la causa.

“Somos una familia campesina común y corriente que se dedica a la cría de ovejas y de chivas y a las plantaciones de verduras y esas cosas, que está siendo hostigada de una manera sorprende”, expresó el miembro de la familia.