La crisis de los afiliados del IPS llega a la Corte Suprema de Justicia
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), la obra social más grande de la provincia con más de 270.000 afiliados, volvió a quedar en el centro de los conflictos. La Asociación Civil Protectora, orientada a la defensa de consumidores y usuarios, presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo de la Corte de Justicia de Salta que había rechazado un amparo colectivo contra el organismo.
La presentación apunta a que el máximo tribunal intervenga en defensa de los derechos de los trabajadores estatales, jubilados y sus familias que dependen del IPS, en medio de denuncias por una profunda crisis estructural. Entre los puntos señalados, Protectora advirtió por las suspensiones y demoras en la atención médica; el cobro indebido de plus en consultorios privados; la exigencia de pagos adelantados con reintegros posteriores; las fallas en la provisión de medicamentos y estudios de alta complejidad.
Según la asociación, estas prácticas vulneran derechos fundamentales como el acceso a la salud, la seguridad social y el trato digno, todos de raigambre constitucional.
El derrotero judicial
En abril pasado, la Corte de Justicia de Salta rechazó la acción de amparo presentada por Protectora, al considerar que el planteo era “conjetural” y que no existían pruebas suficientes para sustentar un reclamo colectivo. La organización respondió que la decisión local implica una “denegación de justicia” para casi un tercio de la población salteña que depende del IPS. Protectora también cuestionó la orden de trasladar el expediente al propio IPS y al Estado provincial, lo que, a su criterio, genera una “dilación innecesaria” en un caso donde urgen medidas cautelares inmediatas.
El conflicto se circunscribe además en un panorama delicado para la institución, ya que el IPS atraviesa su segunda intervención administrativa en pocos años, decretada el 25 de febrero por un plazo de 180 días. Para Protectora, esta medida no alcanza para corregir los problemas de fondo, ya que se trata de una obra social que arrastra “serios desmanejos de gestión” y que hoy se encuentra en “estado crítico”.
En su recurso, la entidad solicitó que se disponga una intervención judicial complementaria a la administrativa, con el objetivo de garantizar transparencia en el manejo de los fondos. Además, pidió que se realice una auditoría externa, contable y financiera, a cargo de profesionales designados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Protectora planteó la necesidad de una nueva ley para el IPS, que contemple la creación de un órgano de auditoría interna independiente, integrado por representantes de los afiliados.
Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver si acepta el recurso extraordinario y abre un nuevo capítulo en la historia sin fin del IPS. De hacerlo, el máximo tribunal podría sentar un precedente de gran impacto no solo para los afiliados de Salta, sino también para otros casos en el país.