Brasil vota en Diputados propuesta de reforma que limita acciones judiciales sobre legisladores
Brasil dio este martes el primer paso para aprobar una reforma constitucional que restringe facultades del máximo tribunal sobre legisladores. El proyecto pone especial foco en el caso de Eduardo Bolsonaro al requerir autorización legislativa para investigar, detener o destituir a diputados.
El Congreso brasileño aprobó en primer turno una enmienda constitucional que modifica la relación entre el Poder Judicial y los legisladores. Esa iniciativa avanzó con 353 votos a favor, 134 en contra y una abstención.
La reforma propone eliminar la facultad de la Corte Suprema de destituir diputados y senadores. También limita su capacidad para ordenar detenciones. Bajo el nuevo texto, esas detenciones solo serían posibles en casos de flagrancia.
Otra de las medidas exige que cualquier investigación judicial contra un parlamentario cuente antes con el aval de la respectiva cámara. Esa autorización deberá lograrse mediante mayoría absoluta y con voto secreto.
Eduardo Bolsonaro aparece entre los beneficiados por la propuesta. Su situación es clave en el debate, ante investigaciones que lo involucran por presuntas gestiones hechas en Estados Unidos relacionadas con sanciones por el juicio a su padre.
El proyecto aún debe pasar un segundo turno de votación en Diputados. Para ello será necesario alcanzar al menos tres quintas partes de los miembros presentes, lo que equivale a 308 votos. Luego será enviado al Senado para su revisión.
Quienes impulsan la reforma argumentan que se busca proteger la independencia parlamentaria. Dicen que así los legisladores podrán ejercer sus funciones sin temor a acciones judiciales consideradas como persecución política.
Además, en la sesión donde se aprobó el primer turno se mencionaron escenarios en los que los legisladores se verían expuestos a investigaciones, comparecencias o detenciones sin permiso del Congreso.
El debate generó tensiones entre diputados del oficialismo y la oposición. Algunos legisladores advirtieron que los cambios podrían debilitar el control que tiene la Corte Suprema sobre actos de corrupción u otras irregularidades.
Fuente: Infobae