El desmantelamiento de facto del INTI, una ofensiva contra la ciencia y la industria nacional
En un escenario económico y social marcado por la permanente incertidumbre, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentra en el centro de una nueva ofensiva gubernamental que sus trabajadores califican como un “desmantelamiento de facto”, o bien definido también como un “industricidio”.
Este concepto surge de la convicción de que el gobierno al apuntar a este desmembramiento, implica dar un tiro certero al corazón del mundo Pyme. Pese a que el Congreso y la Justicia frenaron el decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por Federico Sturzenegger para centralizar y recortar al organismo, las nuevas autoridades –con el aval del presidente Javier Milei y bajo la conducción de Miguel Romero– avanzan con medidas que, según denuncian, buscan paralizar y vaciar al INTI.
El Instituto, creado en 1957, cumple un rol estratégico para el desarrollo industrial del país: garantiza la calidad de las mediciones, asegura estándares de producción y acompaña a las PyMEs con innovación y transferencia tecnológica. Hoy, sin embargo, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.
Una política de vaciamiento encubierto
Desde la Asamblea Multisectorial del INTI denunciaron, entre otras cosas, que el gobierno ha decidido suspender la renovación de becas, frenar la contratación de nuevos profesionales, paralizar compras de insumos y cerrar sedes regionales. La estrategia, advierten, es clara: aplicar en los hechos lo que fue rechazado por la vía institucional.
“Lo que estamos viendo es un industricidio”, expresó a Nuevo Diario una alta fuente calificada. “Si el gobierno considera que no hace falta industria, tampoco le ve sentido a sostener un instituto que investiga, desarrolla y transfiere tecnología para el sector productivo”, sostuvo con gran preocupación frente a un panorama que ya no les parece nuevo.
La comparación no es casual: durante la gestión de Mauricio Macri ya se había intentado un proceso de ajuste y recorte en el INTI y otros organismos que se transformaron en emblema, como la Secretaría de Agricultura Familiar, pero los trabajadores advierten que la ofensiva actual es más profunda y sistemática.
Alertan por las políticas de vaciamiento encubierto del Gobierno Nacional. Javier Milei y Federico Sturzenegger, “planificando”.
Un espejo del macrismo, pero más profundo
La comparación con el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar durante el macrismo aparece de manera recurrente en los testimonios. En aquel entonces, la reducción presupuestaria y el cierre de programas derivaron en la desaparición de una política estratégica para los pequeños productores.
Hoy, sostienen que en el INTI la historia se repite con mayor intensidad: “Es un déjà vu, pero peor. Entonces se resistieron cuatro años; ahora otra vez se trata de un momento de resistencia. No trabajamos aquí por comodidad, lo hacemos por vocación, porque creemos en el desarrollo tecnológico al servicio del país”, señalaron.
Las consecuencias no se limitan al plano laboral. El debilitamiento del INTI golpea directamente a las PyMEs, que dependen de la asistencia técnica y de la certificación de calidad para competir en los mercados. “Las empresas del interior ya están asfixiadas: no tienen financiamiento, enfrentan una avalancha de importaciones y un tipo de cambio que las deja fuera de juego. Sin el INTI, quedan sin herramientas para mejorar procesos y acceder a nuevos mercados”, advierte la fuente.
Ejemplos sobran: desde productores de alimentos que no pueden certificar estándares para exportar hasta emprendimientos tecnológicos que ven frenados sus desarrollos por falta de acompañamiento estatal.
Invisibilización y control
A los recortes materiales se suma un proceso de invisibilización institucional. Las nuevas autoridades prohibieron el uso del logo del INTI en presentaciones académicas o técnicas, imponiendo que se utilice el del Ministerio de Economía, como si la centralización ya hubiese sido aprobada. Se prohibió además la participación de investigadores en reuniones científicas nacionales e internacionales, incluso aquellas que no implican gastos. “Es una intervención de facto, que restringe nuestra independencia y busca acallar nuestras voces”, alertaron a este medio.
Más allá del acompañamiento legislativo y de autoridades provinciales en un reclamo que es totalmente lícito, el Gobierno Nacional se encuentra decido a avanzar en su otra política, la de “fingir demencia” y continuar desoyendo la legitimidad parlamentaria, tal y como lo vienen haciendo con el rechazo al veto presidencial de la Emergencia en Discapacidad, llevando al límite la tensión política y social en pos de lo que a todas luces ya no parece una meta fiscal, sino un capricho del “topo destructor del Estado por dentro”.