Mañana se escucharán las réplicas en el juicio por la red carcelaria narco
En las últimas instancias de este juicio sin precedentes en Salta, por la cantidad de imputados, tras las réplicas que se esperan escuchar mañana, se pasará a un cuarto intermedio hasta el martes 30 para las últimas palabras de los acusados, si se quisieran hacer escuchar, y luego conocer el veredicto del tribunal.
Se trata de una causa sin precedentes para el sistema judicial provincial, ya que involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares que habrían participado en una red dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsión, cobros ilegales y otros delitos graves cometidos dentro y fuera del penal.
La investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, determinó que la organización funcionó entre 2021 y 2023, y que contaba con un sistema aceitado de connivencia entre agentes penitenciarios y presos.
Las pruebas recabadas incluyen más de 50 cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias vinculadas a maniobras ilegales, más de 20 líneas telefónicas intervenidas, y numerosos testimonios que dan cuenta del ingreso sistemático de drogas, celulares, cargadores, alimentos y bebidas no autorizadas, muchas veces con conocimiento o participación directa de personal del penal.
A lo largo del juicio, se escucharon declaraciones que revelaron cómo algunos funcionarios recibían pagos para conceder favores a internos, como el traslado de pabellón, calificaciones manipuladas, visitas sin controles o incluso el otorgamiento de salidas transitorias sin cumplir los requisitos.
También se documentaron casos en los que familiares de detenidos actuaban como nexo con proveedores externos, facilitando operaciones de narcomenudeo que eran coordinadas desde los teléfonos celulares dentro del penal.
Entre los acusados se encuentran ocho agentes del Servicio Penitenciario, incluidos Sergio Moya, Rubén Guaymás, Francisco Bisceglia, Luis Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García, además de internos y familiares. A dos de los imputados se les retiró la acusación fiscal.
Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada y concusión, entre otros.
Durante las audiencias previas, se presentaron testimonios clave como el del actual director del penal, Enrique Torres, quien reconoció públicamente que existían prácticas irregulares dentro de la unidad carcelaria y que muchos internos obtenían beneficios indebidos por parte del personal. También se sumaron declaraciones de ex internos y del ex subdirector de la unidad, que apuntaron a la falta total de control interno, la inexistencia de documentación formal en muchos expedientes y el uso sistemático de la corrupción como mecanismo de gestión interna.
La semana pasada concluyeron los alegatos de las defensas, que en su mayoría solicitaron la absolución de sus representados por el beneficio de la duda, nulidades procesales o, en algunos casos, medidas alternativas como la prisión domiciliaria.
Esta semana se escucharán las réplicas, que se extenderá durante varias jornadas, y se prevé que el Tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dé a conocer su veredicto el martes 30 de septiembre.
Se trata de un proceso judicial que pone bajo la lupa el funcionamiento estructural del sistema penitenciario y sus vínculos con redes criminales externas.