Prisión efectiva a tres detenidos por las estafas de la financiera Saulo
Tres personas fueron condenadas a prisión efectiva por su participación en un esquema de estafas masivas perpetrado por la financiera Saulo Capital SRL, tras un juicio abreviado celebrado ante el juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.
Las partes habían hablado los días previos de la posibilidad de llegar a un juicio abreviado con aceptación de la culpabilidad. Esta opción es posible hasta el momento antes de iniciar el juicio ordinario.
Marcelo Alfredo Morales fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión, mientras que Nelson Rogelio Ramos y Nelson Javier Cabana recibieron penas de diez años y cinco meses cada uno.
Los tres fueron hallados culpables como coautores de 520 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresas, en concurso real. Cumplirán la condena en el Pabellón K de la Unidad Carcelaria 1.
Además, Sabrina Florencia Resina fue condenada a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado.
Durante ese período deberá fijar residencia, someterse al control del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados y realizar tratamiento psicológico si así lo determina un profesional.
El fallo se dictó luego de que los acusados reconocieran su responsabilidad penal y firmaran un acuerdo de juicio abreviado, ratificado por sus defensas, la Fiscalía y la querella.
También renunciaron a los plazos para apelar la sentencia.
La causa fue impulsada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), y surgió a partir de denuncias de inversores y un informe del Banco Central, que alertó sobre la actividad irregular de Saulo Capital, que operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores.
Según la investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), entre enero y marzo de 2022, la financiera recibió más de $188 millones, 2,3 millones de dólares y 2.300 BUSD de cientos de personas.
Los fondos eran reinvertidos en negocios locales o utilizados para pagar intereses a otros inversores, hasta el cierre repentino de la firma en Salta.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes secuestrados durante el proceso.
Finalmente, el tribunal ordenó notificar a las víctimas sobre su derecho a iniciar acciones civiles para reclamar daños económicos.
Muchos estafados
La intervención de UDEC comenzó en mayo de 2022, luego de que se presentaran cientos de denuncias por estafas contra Saulo Capital SRL. Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares por parte de la empresa, informando que Saulo Capital había realizado actividades de intermediación financiera por cuenta propia sin la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Valores.
El equipo de UDEC determinó que el dinero recibido por los denunciantes en Saulo Capital SRL se destinaba a negocios locales y que las ganancias obtenidas se utilizaban en muchos casos para reembolsar los intereses a los inversores, al menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, se agravó la situación debido a la publicidad utilizada para atraer inversores a través de diversos medios de comunicación.
Según la información recopilada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes realizaron inversiones por un total de $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300, con la mayoría de los contratos realizados entre los meses de marzo de 2021 y marzo de 2022 (principalmente entre enero y marzo de 2022).
“No hay antecedentes de una condena tan alta en juicio abreviado”
El abogado que representó a varias víctimas en la causa Saulo, Facundo Burgos, señaló a Nuevo Diario, que “no hay antecedentes en Salta de condenas tan altas por estafa en juicio abreviado”. Recordó el caso Cositorto que en un juicio ordinario alcanzó condenas de casi 12 años. Burgos también señaló que “en este debate se admitió culpabilidad, de allí que en este tipo de formato los acusados, ya condenados, no apelen la condena”.
Consultado por el resarcimiento económico, dijo: “se verá en los próximos días de los bienes secuestrados. La fiscalía pidió el decomiso y yo me opuse para que no pasen a ser bienes del Estado y se pueda iniciar un reclamo civil”.
El juez Farah tomará una decisión sobre ese punto en los próximos días.