La CPI acusa a Rodrigo Duterte de crímenes contra la humanidad
La Corte Penal Internacional formuló cargos contra el expresidente de Filipinas por ejecutar cientos de muertes extrajudiciales en su campaña antidrogas. El proceso judicial, suspendido por motivos de salud, podría reanudar pronto su curso si se confirma su aptitud para responder ante la justicia.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido acusaciones formales contra Rodrigo Duterte por crímenes contra la humanidad, señalando su responsabilidad individual en una serie de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2013 y 2019. Los cargos lo acusan de haber actuado como “coautor indirecto” al autorizar y promover una campaña estatal que resultó en decenas de muertes.
Según el documento de cargos presentado por la Fiscalía, durante su tiempo como alcalde de Davao (2013-2016), Duterte habría ordenado el asesinato de 19 personas. También utilizó no solo fuerzas policiales locales, sino también agentes externos y escuadrones de sicarios. Una vez asumida la presidencia en 2016, la CPI lo acusa de ampliar esa estrategia a nivel nacional, responsabilizándolo por al menos otras 57 muertes hasta 2019. Algunas de esas víctimas estaban identificadas como objetivos “de alto valor” y formaban parte de listas que ofrecían incentivos económicos a quienes ejecutaran los operativos.
El ex mandatario fue detenido el 12 de marzo bajo una orden emitida por la Corte, en cumplimiento de los procedimientos internacionales que lo involucran. En esa ocasión, compareció ante los jueces del tribunal, que habían fijado una audiencia para confirmar los cargos. Sin embargo, aplazaron la audiencia debido a una solicitud de la defensa alegando que Duterte no se encuentra en condiciones de salud adecuadas para enfrentar el proceso judicial.
La CPI sostiene que la guerra contra las drogas impulsada por Duterte, entre 2016 y 2022, dejó cifras oficiales de unas 6.000 muertes. Sin embargo organizaciones de derechos humanos estiman que el número podría ascender a 30.000, incluyendo desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Además, el tribunal investiga las implicaciones de que Filipinas se retirara del Estatuto de Roma en 2019, maniobra que según la CPI habría buscado evitar responsabilidades legales.
El proceso judicial ahora está suspendido temporalmente hasta que se realice una nueva evaluación médica para determinar si Duterte está apto para continuar. En caso afirmativo, se espera que la causa avance, presentando pruebas y testigos ante el tribunal.
Fuente: Ámbito Financiero