Tras caso de malversación, la esposa del presidente español será juzgada por un jurado popular
El juez Peinado ordenó transformar la investigación sobre Begoña Gómez por presunta malversación en un proceso que lo juzgaran por un jurado popular. También citó a los otros dos imputados para una audiencia de comunicación de cargos.
El auto dictado por el magistrado Juan Carlos Peinado marca un giro significativo en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente español. En él, el juez decide que los hechos que se le imputan por malversación en el cargo público, relacionados con la contratación de su asesora en La Moncloa. También indicaron que lo juzgaran ante un jurado popular, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
La decisión no implica el inicio inmediato del juicio oral, sino más bien la conversión de las diligencias previas en un procedimiento de jurado. Para ello, el juez ha convocado a Begoña Gómez, a la asesora implicada, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, a una comparecencia el próximo sábado a las 18:00 horas. En ese acto se les comunicará las imputaciones concretas y se fijará el recorrido formal hacia el proceso.
Peinado argumenta que a lo largo de la instrucción emergieron indicios racionales, fundados y sólidos que justifican elevar el caso al tribunal con jurado. Señala que del contenido de correos electrónicos y de lo actuado durante las diligencias se puede colegir “la verosimilitud de los hechos” sospechados. También critica que tanto Gómez como Álvarez hayan evitado responder a preguntas formuladas por el juez, acusaciones y fiscalía, lo que, a juicio del magistrado, impide valorar argumentos de descargo.
En cuanto al proceso legal, el auto contempla la posibilidad de presentar recursos de reforma o apelación subsidiaria en un plazo de tres días, o recurso de apelación directa en los cinco días posteriores. Además, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver otros recursos pendientes que afectan no solo a esta pieza de malversación, sino también a la investigación más amplia que involucra otros supuestos delitos investigados inicialmente.
Sin embargo, el Partido Popular sostuvo que la decisión del juez desmonta la tesis del Gobierno respecto al “lawfare” y la calificó como una aplicación de la justicia por parte del “pueblo”.
El caso contra Gómez empezó en abril de 2024 con denuncias sobre presuntos delitos como tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios, apropiación indebida y, más recientemente, malversación. Hasta ahora, la causa había avanzado en el plano de la investigación sin que se hubiera abierto formalmente un juicio oral.
Fuente: Infobae