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Legislativos exigen que el auxilio financiero de EE.UU. debe pasar por el Congreso

En medio del anuncio de un respaldo financiero desde el Tesoro de Estados Unidos, bloques opositores presentaron proyectos para condicionar cualquier acuerdo al control parlamentario y evitar un endeudamiento sin supervisión institucional.

De acuerdo al auxilio económico proveniente del Tesoro de Estados Unidos, diversos bloques opositores advirtieron al Ejecutivo que esa operación no puede concretarse sin aprobación legislativa previa. Sostienen que la Constitución reserva al Parlamento la facultad de controlar el endeudamiento público y los tratados internacionales. También exigen debate y transparencia en cada paso del acuerdo.

En los últimos días, diputados del peronismo y legisladores de partidos como Encuentro Federal presentaron dos iniciativas: una resolución diplomática y otra reforma a la llamada “Ley Guzmán”. La resolución exige que cualquier convenio con el Departamento del Tesoro de EE. UU. sea enviado al Congreso con toda la documentación correspondiente, incluyendo cláusulas y compromisos eventuales. Además, propone que los acuerdos que no obtengan la aprobación legislativa se consideren “nulos de nulidad absoluta”.

En paralelo, el proyecto de modificación de la Ley Guzmán pretende ampliar los controles para que no solo los créditos con organismos multilaterales deban pasar por el Parlamento, sino también préstamos con países, swaps, contratos financieros o derivados, y otros mecanismos de deuda bilateral. Los impulsores buscan cerrar cualquier resquicio legal que permita la toma de deuda sin supervisión directa del Congreso.

La oposición fundamenta sus reclamos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que otorga competencias exclusivas al Parlamento para aprobar créditos del Estado, pago de deuda externa y tratados con otros países. En ese marco, acusan al Ejecutivo de intentar avanzar rápidamente con negociaciones en Washington mientras esquiva al Congreso.

Voceros opositores también cuestionan los riesgos que conlleva endeudarse con un Estado extranjero: alertan sobre posibles condicionamientos, cláusulas ocultas, exigencias que comprometan recursos nacionales o afecten la soberanía. En ese contexto, advierten que un acuerdo discrecional podría habilitar reclamos judiciales o políticas de desconocimiento en el futuro.

Algunos diputados reclamaron públicamente la presencia en el Congreso del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller Gerardo Werthein, para que expliquen los matices del posible pacto. Exigen que esos funcionarios informen con claridad los montos involucrados, las condiciones y los compromisos que asumiría la Argentina.

Fuente: Ámbito Financiero

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