Legisladores presentaron proyectos para regular IPC según establecido por INDEC
Ante la demora del Poder Ejecutivo en actualizar la canasta de gastos que compone el IPC ,varios legisladores ingresaron proyectos al Congreso. Esto, con el fin de regular esa actualización periódica y evitar que quede congelada sin reflejar cambios reales en el consumo cotidiano.
Legisladores del bloque peronista Convicción Federal presentaron iniciativas que apuntan a “sacarle discrecionalidad” al proceso de revisión del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En uno de los proyectos insisten para que las estructuras de ponderaciones (qué bienes o servicios pesan más o menos) se revisen cada diez años, con base en relevamientos actualizados de los hábitos de los hogares argentinos.
El problema de fondo es que la última encuesta nacional de gastos de los hogares (ENGHo) data de un período lejano. Mientras que el esquema actual del IPC se sigue sosteniendo sobre parámetros ya anticuados. Esta situación genera distorsiones en la medición de la inflación, en el cálculo de la pobreza y en la eficacia de las políticas públicas ligadas a precios, salarios y subsidio.
Desde el INDEC, el titular Marco Lavagna justificó la postergación alegando que el contexto preelectoral no era “el momento más indicado” para introducir cambios en una herramienta sensible como el IPC. Esto por temor a reacciones políticas y sociales frente a variaciones bruscas en la inflación publicada. Ese argumento generó inquietud entre los senadores de la oposición. Además cuestionaron la idea de que las transformaciones estadístico-metodológicas queden supeditadas a calendarios electorales.
En el Senado, varios legisladores manifestaron preocupación por ciertas declaraciones de Lavagna. En este sentido los calificaron como “distraídas” o “susceptibles de interpretaciones políticas” que podrían entorpecer la transparencia del organismo oficial encargado de medir la economía.
El proyecto del senador Guillermo Andrada busca que la actualización de la canasta del IPC, así como la publicación de la ENGHo, se fije en un marco legal estricto. Esto indica una frecuencia máxima de diez años, obligando al Estado nacional a asignar recursos técnicos y presupuestarios, y garantizando la transparencia del proceso. Incluso se propone que la nueva estructura y ponderaciones sean publicadas públicamente, junto con la metodología utilizada y los informes técnicos que la respalden.
Quienes defienden esa norma argumentan que los modos de consumo evolucionan con rapidez. La aparición de nuevos servicios digitales, variaciones en los patrones de gasto, y cambios regionales demandan que el IPC refleje la realidad actual de los hogares. De lo contrario, advierten, se corre el riesgo de subestimar la inflación real y desajustar los mecanismos que dependen de ese indicador.
Fuente: Ámbito Financiero