La agenda marca que el juicio por la red carcelaria debería finalizar mañana
Mañana continuará en la Sala de Grandes Juicios la audiencia contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la comisión de exacciones ilegales dentro del penal. Podría ser la última audiencia.
Si bien se están escuchando las últimas réplicas de las defensas, resta aún la palabra de los acusados que quieran hacer oír su voz, antes que el tribunal pase a deliberar sobre los fallos.
Como se sabe, la Unidad Fiscal —compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— respondió a los alegatos de las defensas de los imputados Héctor Banegas, Ivana Gutiérrez, Francisco Bisceglia y Rubén Guaymás.
“La cárcel se transformó en un quiosco”
En sus alegatos finales, García Castiella subrayó la extrema gravedad institucional del caso y denunció la existencia de una estructura organizada y jerárquica que operaba al margen de la ley: El entramado tenía tal profundidad que, algunos de los miembros de esa organización decidían quien la pasaba bien y quién no, quién era violentado y quién no. “Transformaron el penal en un negocio”, sostuvo García Castiella.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio a su tiempo coincidió en que la investigación probó la existencia de una asociación ilícita destinada al comercio sistemático de estupefacientes y a la comisión de exacciones ilegales, señalando que las prácticas eran habituales y no hechos aislados.
Se presentaron como ejemplo intervenciones telefónicas, testimonios y pruebas documentales que mostraron ingresos irregulares de drogas, alimentos y otros elementos prohibidos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el ingreso de una pizza, registrado fortuitamente y que evidenció la naturalidad con la que se ejecutaban estas maniobras.
Red de corrupción y vulneración de derechos humanos
Así, la Fiscalía remarcó en el pedido de penas, que estas conductas no solo comprometieron la legalidad y la administración pública, sino que constituyeron violaciones sistemáticas de derechos humanos, afectando directamente a personas privadas de libertad en condiciones de especial vulnerabilidad.
Además de narcotráfico y concusión, se planteó la existencia de una organización criminal estable con roles definidos entre funcionarios, internos y familiares, que operaba con una lógica empresarial dentro de la Unidad Carcelaria 1.
Penas solicitadas
La Unidad Fiscal solicitó penas de entre 1 y 12 años de prisión efectiva para los imputados, entre ellos personal jerárquico del Servicio Penitenciario, familiares de internos y civiles involucrados en la logística delictiva.
Entre las condenas más altas solicitadas se encuentran: Francisco Bisceglia: 12 años por narcotráfico agravado, exacciones ilegales (7 hechos) y asociación ilícita.
Sergio Moya: 11 años y 8 meses.
José Alarcón y Manuel Méndez: 9 años y medio cada uno.
También se pidió una condena condicional de 2 años para Baldomero Córdoba y 1 año para Andrea Abigail Alba, por tenencia simple de estupefacientes, retirándose las acusaciones más graves en este último caso.
Por su parte, las defensas solicitaron la absolución lisa y llana de sus clientes, la absolución por el beneficio de la duda, la condena condicional para algunos, y la aplicación del mínimo de la pena en otros casos. También hubo solicitudes para que se retirara la acusación por estado de necesidad y para que se considerara la complicidad de agentes penitenciarios, además de la presentación de denuncias contra testigos.
Si bien en un primer momento se marcó como final del juicio mañana 30 de septiembre, no se descarta que pudiera durar una jornada más.