El Gobierno impulsa reforma integral del Código Penal

La administración nacional presentará un proyecto que unifica más de mil normas especiales en un nuevo cuerpo penal. Esto endurece penas por delitos actuales y busca modernizar el sistema jurídico tras más de un siglo de vigencia del texto vigente.
El presidente Javier Milei encabezará el acto de presentación del proyecto de reforma del Código Penal, que se llevará a cabo en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza a las 18 horas. Estará acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el camarista Mariano Borinsky, vicepresidente de la comisión que elaboró la iniciativa.
La propuesta plantea derogar el actual Código, vigente desde 1921, y reemplazarlo por un texto modernizado que unificará todas las disposiciones dispersas en leyes especiales. El articulado pasará de 316 artículos a aproximadamente 920, con el objetivo de tener un cuerpo normativo coherente y adaptado a los desafíos contemporáneos.
Entre los cambios más destacados figuran la tipificación de delitos ligados a tecnología y tendencias emergentes. Otro punto es el ciberdelitos con inteligencia artificial, pornovenganza, secuestro virtual, y delitos ambientales, entre otros. Además, se endurecerán sanciones para conductas que hoy resultan comunes pero de alto impacto social, como robos de smartphones, estafas piramidales, entraderas, delitos de seguridad vial y corrupción estructural.
Otra línea central del proyecto es la imprescriptibilidad para crímenes gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico. Además incluyen los delitos de lesa humanidad, eliminando la posibilidad de que esos hechos queden fuera de la acción penal por el correr del tiempo.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca responder a la demanda ciudadana de una justicia más eficaz, penalizaciones creíbles y mayores garantías para las víctimas. También apunta a adecuarse a los estándares internacionales sobre combate al crimen organizado, corrupción, delitos ambientales y tecnológicos.
Asimismo sectores opositores ya anticipan reservas por la amplitud del alcance, posibles limitaciones a derechos y libertades. También la eliminación de beneficios como la libertad condicional para reincidentes o normas hoy vigentes sobre hechos de menor gravedad.
Fuente: Ámbito Financiero