Mendoza busca excluir a condenados por delitos sexuales de roles con menores
Un proyecto de ley propiciado por legisladoras del Frente de Todos plantea impedir que personas condenadas por delitos sexuales o violencia de género trabajen en entornos con niñas, niños o adolescentes.
En la Legislatura de Mendoza ingresó un proyecto de ley cuyo objetivo es prohibir que quienes cuenten con condenas por delitos sexuales o violencia de género puedan ser contratados, designados o mantener funciones en instituciones donde haya menores. La iniciativa está firmada por las legisladoras María Mercedes Derrache y Adriana Cano.
Entre los ámbitos alcanzados por la propuesta se encuentran clubes deportivos, escuelas, asociaciones civiles, instituciones religiosas y todo espacio con contacto directo y habitual con niñas, niños y adolescentes. El proyecto recuerda casos de gran repercusión local, como el del ex entrenador Walter Conna, condenado por abuso sexual a una menor de 15 años, quien siguió desempeñándose en clubes frente a menores.
Una de las principales modificaciones que propone es en la Ley Provincial del Deporte Nº 6.457. Allí sugiere agregar un apartado para que las entidades deportivas que trabajen con menores, o que reciban fondos públicos o usen instalaciones estatales, no contraten personas con condenas penales privativas de la libertad por delitos sexuales. Esto incluye las condena en primera instancia o con pena en suspenso.
También se busca modificar la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 9.139, para incorporar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades similares. Esto con la obligación de verificar antecedentes y excluir de sus funciones a quienes tengan condenas de este tipo. En caso de incumplimiento, se proponen sanciones que incluyan la pérdida de subsidios o beneficios estatales.
Además, el proyecto plantea que el Ministerio de Educación revise sus normas de contratación para asegurar que no haya vínculo laboral con personas condenadas por delitos sexuales en cargos con menores. También incorpora la capacitación obligatoria en derechos de la infancia, violencia infantil y maltrato para personal público, miembros de asociaciones y demás actores comunitarios.
Fuente: Ámbito Financiero