Elevaron a juicio la causa contra el intendente de La Merced

La denuncia surgió en el 2021 y fue realizada por el entonces presidente del Concejo Deliberante, quien dio a conocer en Nuevo Diario el pago irregular de sobresueldos a tres concejales oficialistas por parte del intendente Javier Wayar.

La Fiscalía Penal Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó ante el Juzgado de Garantías 8 el juicio para el intendente de La Merced Javier Wayar, quien es acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

Las acusaciones surgieron en noviembre del 2021, cuando el entonces presidente del Concejo Deliberante del lugar, Sebastián Huerga, reveló ante Nuevo Diario que presentó cinco denuncias penales hacia la gestión municipal. Tres de ellas correspondían a una situación de sobresueldos que se liquidaron a tres ediles oficialistas, Daniel Coreico, Pedro Gutiérrez y Dina Pastrana, para los que también se requirió juicio por el delito de peculado.

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En aquel momento, se detectó que estos concejales contaban con $57.000 pesos extras en sus cuentas bancarias, depositadas por la Municipalidad, que figuraban como “gastos de movilidad”.

La presentación de estas acusaciones llevó a que Huerga reciba amenazas directas por parte del intendente, durante una festividad local, hecho que también fue denunciado.

Meses más tarde, en marzo del 2024, este medio logró dialogar con el ya imputado Wayar quien minimizó el hecho: "Los concejales estaban atrasados en el pago y querían una ayuda por la pandemia y se les dio. O sea, está bien si hablamos de millones, pero eran $60.000 a cada uno, fue una sola vez, no es una fortuna de plata”.

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Sumado a ello, sostuvo que Huerga lo denunció porque antes era patrón, mientras que él era peón, entonces “me querían bajar a toda costa”.

Además de los sobresueldos, el jefe comunal también está acusado de  haber confeccionado, suscripto y aprobado un contrato de comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica local, es decir, sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.