La salud mental en Salta, entre la omisión y la urgencia, desde la mirada de Rodolfo Ceballos

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de este mes, el psicólogo y periodista especializado en políticas públicas de salud, Rodolfo Ceballos, analizó el estado actual del sistema en la provincia de Salta.
Sobre este tema advirtió sobre un panorama de omisiones estructurales, falta de planificación y nuevas problemáticas que crecen sin respuesta estatal, como la ludopatía juvenil vinculada al avance de los juegos online.
Un sistema sin brújula
“En Salta no existe actualmente un Plan de Salud Mental y Adicciones oficialmente presentado, consensuado entre los tres poderes y con participación comunitaria. El último plan fue aprobado en 2010, con vigencia hasta 2015. Desde entonces, el tema es tabú”, señaló Ceballos en diálogo con Nuevo Diario.
El especialista —ex supervisor de Salud Mental de la Provincia— subrayó que la ausencia de ese instrumento estratégico deja a la población “sin una brújula que oriente las políticas de atención, prevención e inclusión”.
Tampoco existe información pública sobre evaluaciones o actualizaciones del plan vencido. “La prensa omite preguntar en qué etapa del plan estamos y cuál fue su última evaluación, cuando esos datos son de interés público y periodístico”, agregó.
La deuda con la Ley Nacional de Salud Mental
A quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), Salta aún no logró aplicar plenamente los instrumentos jurídicos que la norma prevé.
“El Hospital Ragone sigue siendo la única referencia monovalente en salud mental. Su transformación institucional —por imperio de la ley— no tiene fecha de finalización anunciada”, advirtió Ceballos.
El especialista mencionó además que la reglamentación de la ley provincial que crea el Órgano de Revisión continúa pendiente. “Este dispositivo es esencial para garantizar la legalidad y calidad de las prestaciones y brindar seguridad jurídica al sistema”, explicó.
Residencias y silencios institucionales
Ceballos reveló que actualmente funcionan dos residencias de especialización en salud mental en la provincia: una de reciente formación que incluye capacitación en adicciones, y otra —la del Hospital Ragone— creada hace 39 años, “que atraviesa una etapa de cierre no oficial, aunque aún cuenta con residentes en plena cursada”. “Esta situación no fue aclarada públicamente ni comunicada a la prensa, lo cual genera incertidumbre y desprotección en los profesionales en formación”, añadió.
Ceballos advierte que la salud mental “no puede seguir siendo tratada como una cuestión subsidiaria o de emergencia”, sino como una prioridad transversal que involucre a los sectores de educación, justicia, niñez y desarrollo social.
Ludopatía juvenil: la nueva alarma
Ceballos introdujo también una preocupación creciente: la expansión de la ludopatía en adolescentes y jóvenes, favorecida por el acceso ilimitado a plataformas digitales de apuestas. “Los jóvenes son especialmente vulnerables porque su madurez emocional y cognitiva aún está en desarrollo. Su sistema de recompensa cerebral se activa con el juego, generando placer inmediato y una compulsión difícil de controlar”, explicó el especialista. Entre los factores de riesgo destacó la presión del entorno, la publicidad encubierta en redes sociales y la facilidad de acceso a casinos virtuales mediante teléfonos móviles, billeteras digitales y criptomonedas. “El juego en línea se presenta como entretenimiento, pero en muchos casos es el inicio de una dependencia con graves consecuencias emocionales, sociales y económicas”, alertó.
Políticas públicas con mirada comunitaria
El especialista propuso además fortalecer la contención institucional con dispositivos clínico-comunitarios —como centros de día, equipos móviles y redes de pares— y articular protocolos entre los sectores de salud, educación, justicia y niñez.
“Las asignaturas pendientes son numerosas. Lo que falta, en definitiva, es una política pública de salud mental que no sea fragmentada, sino coherente y consistente en sus programas de prevención, atención, inclusión y restitución de derechos”, concluyó.