Congreso Nacional reactiva comisión bicameral para vigilar privatizaciones estatales
Después de una década de inactividad, el Poder Legislativo pone en marcha una comisión bicameral de seguimiento de privatizaciones. Con la presidencia del senador Juan Carlos Romero, ya se exigieron informes sobre siete empresas estatales, entre ellas Nucleoeléctrica.
Luego de diez años sin actividad, el Congreso nacional volvió a operar la comisión bicameral destinada a monitorear los procesos de privatización estatal. La decisión responde a las nuevas intenciones del Ejecutivo de avanzar con reformas respaldadas por la llamada “Ley Bases”. Ahora, esta comisión tendrá la tarea de controlar con mayor transparencia las posibles enajenaciones de empresas públicas y exigir rendición de cuentas sobre los mecanismos establecidos.
El nombramiento de autoridades lo aprobaron sin objeciones. El senador salteño Juan Carlos Romero obtuvo la presidencia, mientras que en la vicepresidencia recayó la diputada kirchnerista Ana María Ianni. En los pasillos del Congreso, se subrayó que casi dos años demoró la conformación formal de este órgano, tras reclamos previos de legisladores que buscaban activar el control institucional. Según Romero, la comisión no intervendrá en la decisión final de venta, sino que su rol será “seguir lo más transparente posible para que este Cuerpo y la ciudadanía sepan lo que está pasando”.
Desde la oposición ya anticiparon un pedido de informes dirigido al Ejecutivo, focalizado en siete compañías de interés estratégico, Intercargo, Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica, AYSA y Energía Argentina SA. En el caso de Nucleoeléctrica, la comisión pretende conocer el origen del porcentaje del 44 %, los criterios de tasación, la valuación de activos complejos. También la metodología aplicada, la licitación social, la conformación del directorio y el destino de los fondos que se obtengan en una eventual venta.
Desde el bloque del kirchnerismo, el senador José Mayans calificó este tema como estratégico para el país y reclamó celeridad en las cámaras. También impulsó un plenario para declarar de “interés público y estratégico” el desarrollo nuclear argentino, como salvaguarda frente a futuras medidas que modifiquen la titularidad estatal de instalaciones nucleares.
Durante el debate, algunos legisladores enfatizaron que muchas empresas públicas operaron con superávit en años recientes. Además cuestionaron que tiene poco sentido desprenderse de aquellas que generan utilidades. Otros pronosticaron que será necesario dejar de lado debates ideológicos y pensar en políticas de largo plazo que garanticen el desarrollo económico y social del país.
Fuente: Ámbito Financiero