La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la Nación abordó este miércoles el pedido de desafuero del diputado salteño Emiliano Estrada- sin su presencia-, acusado por la Justicia Federal de peculado y abuso de autoridad en el marco de la causa por campañas de fake news contra el gobernador Gustavo Sáenz.
El debate estuvo atravesado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, y una férrea defensa de la diputada Pamela Calletti, quien recordó las condenas a ex empleados del Congreso que admitieron haber actuado bajo las órdenes de Estrada.
El proceso responde a un requerimiento de la Jueza Federal de Garantías de Salta, Marcela Alejandra Giménez, quien solicitó el levantamiento de los fueros parlamentarios para avanzar con medidas judiciales en la investigación que involucra al legislador por el presunto uso de fondos del Congreso Nacional en la generación de contenidos difamatorios contra el gobernador Gustavo Sáenz y otros dirigentes provinciales. El presidente de la Comisión, Nicolás Mayoraz, abrió la reunión aclarando que el procedimiento “no se encuentra reglamentado de manera específica” en la ley 25.320, vigente hace 25 años, por lo que los legisladores resolvieron guiarse “en base a experiencias anteriores”. Mayoraz precisó que a todos los integrantes de la comisión se les remitieron videos de las audiencias judiciales, los escritos de la defensa de Estrada y las resoluciones dictadas por la Justicia Federal de Salta, para garantizar un tratamiento exhaustivo y transparente. “Vamos a escuchar la parte del video donde se establece la imputación, y a partir de allí estudiar el caso para que el diputado pueda ejercer su derecho a defensa antes de emitir dictamen”, señaló el titular de la comisión, quien confirmó que el cuerpo continuará el análisis en una próxima reunión, aunque no dio fechas.
Cruces en la comisión y planteos sobre la validez del pedido judicial
El debate fue áspero. Desde Unión por la Patria, el diputado Rodolfo Tailhade cuestionaron la validez del pedido de desafuero, argumentando que “la resolución judicial no está firme” y que existe “un conflicto de competencias” entre la Justicia Federal de Salta, la de CABA y la provincial.
Tailhade calificó la convocatoria como “una puesta en escena” y sostuvo que “no hay pedido de desafuero vigente hasta que las instancias superiores confirmen la medida”. En la misma línea, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, tildó de “payasada” el tratamiento impulsado por el oficialismo y acusó a la comisión de utilizar el caso con fines políticos.
Por su parte, el diputado Juan Marino advirtió que “no se puede banalizar la exclusión de fueros” y pidió “seriedad institucional”, mientras que Juan Manuel López (Coalición Cívica) reclamó que Estrada “comparezca ante la Justicia y ejerza su defensa sin escudarse en la inmunidad parlamentaria”.
La férrea intervención de Pamela Calletti
En medio de los cruces, la diputada salteña Pamela Calletti (Innovación Federal) tomó la palabra y puso el foco en la gravedad institucional del caso y en la necesidad de “respetar la división de poderes y dejar que la Justicia actúe”.
Calletti recordó las declaraciones judiciales de Florencia Bustamante, ex empleada del Congreso, quien admitió haber trabajado bajo las órdenes directas de Estrada en la producción de contenido falso difundido en redes sociales para “perjudicar a figuras del ámbito político, empresarial y mediático, entre ellas el gobernador Gustavo Sáenz”.
La diputada subrayó que tanto Bustamante como otro empleado fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras reconocer su participación en las maniobras de difamación. “Si esos empleados fueron condenados, queda claro que había una estructura detrás. Lo que se investiga no son opiniones políticas, sino el uso irregular de fondos públicos”, explicó. Frente a las interrupciones del diputado Martínez, Calletti replicó: “Los fueros no son privilegios personales. No están para garantizar impunidad ni para delinquir. Este desafuero no busca castigar ideas, sino permitir que la Justicia investigue el uso de recursos del Estado con fines de persecución política”. Más adelante, la legisladora respondió con firmeza a las acusaciones de Tailhade sobre una supuesta “persecución política” a Estrada: “No todo vale en política. Es una sarta de mentiras lo que dicen. No se puede hacer política con el dolor ajeno ni inventar vínculos inexistentes con el narcotráfico para dañar reputaciones. El ladrón cree que todos son de su condición”, enfatizó.
La causa fakes
La investigación contra Estrada comenzó en 2024, cuando la Fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá detectó la existencia de cuentas en redes sociales, como El Desenmascarador e InformateSalta, desde donde se difundían videos con acusaciones falsas que vinculaban al gobernador Sáenz y a funcionarios provinciales con el narcotráfico. La Justicia sospecha que los contenidos fueron elaborados por personal contratado en el Congreso Nacional bajo órdenes del propio Estrada, utilizando recursos públicos. Por ello, la imputación se amplió al delito de peculado de servicios, una figura que prevé penas de hasta diez años de prisión e inhabilitación perpetua. En febrero pasado, la diputada Calletti ya había llevado el tema al recinto mediante una cuestión de privilegio, denunciando que había sido personalmente difamada en aquellas publicaciones.
Próximos pasos
Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión, Nicolás Mayoraz, dispuso un plazo para que el diputado Estrada realice su descargo y presente por escrito su defensa, tras lo cual el cuerpo elaborará un dictamen para definir si corresponde o no el desafuero. “Hay cuestiones políticas, pero también procesales que debemos analizar con seriedad. No se trata de un espectáculo, sino de garantizar el funcionamiento institucional y el respeto a la Justicia”, concluyó Mayoraz.